El dictamen final sobre el traslado hasta Chile de los uniformados está ahora en manos del juez Gustavo Mirabal, que en agosto pasado dictó una orden de arraigo en su contra.
El fiscal uruguayo Luis Bajac aprobó la extradición de los tres militares de ese país involucrados en la muerte del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, requeridos por la justicia chilena.
Bajac consideró que el pedido de extradición hecho por el juez Alejandro Madrid cumple con los requisitos del acuerdo entre Uruguay y Chile suscrito en 1897.
Madrid imputó a los coroneles del Ejército uruguayo Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, y al ex coronel Tomás Casella, los delitos de asociación ilícita y secuestro.
El juez uruguayo Gustavo Mirabal analizará ahora la postura del fiscal, y la opinión en contrario a la extradición del abogado de los militares, Amadeo Otatti, antes de tomar resolución.
Berríos fue un agente de la desaparecida DINA que ingresó presuntamente secuestrado a Uruguay en 1991, supuestamente en un operativo conjunto de militares de ambos países para evitar que declarase ante la Justicia chilena.
En abril de 1995 el cadáver de Berríos, con dos disparos en la cabeza, fue encontrado en la playa de El Pinar, a unos 25 kilómetros de Montevideo.
El pasado mes otra fiscal uruguaya, Nancy Hagopian, del juzgado de Pando, que tiene jurisdicción sobre El Pinar, pidió a la justicia el archivo del caso del asesinato de Berríos, porque a su juicio no hay pruebas que impliquen a los militares uruguayos.
Hace algunas semanas, durante una visita a Montevideo, la senadora DC Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva, solicitó una rápida definición del pedido de extradición.
La familia Frei tiene la sospecha de que Berríos, considerado el creador del gas sarín, que causa la muerte sin dejar rastro, estuvo involucrado en la muerte del ex presidente.
En Chile están procesados como autores del secuestro y homicidio de Berríos los ex mayores del Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa y, por obstrucción a la justicia y por asociación ilícita los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covorrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. (EFE)
