Gustavo Mirabal consideró que hubo una "organización integrada por efectivos militares y paramilitares de Chile, Argentina y Uruguay que habría actuado coordinada y solidariamente con el fin de eludir la acción de la justicia".
El magistrado uruguayo que concedió la extradición a Chile de tres militares de su país por su presunta implicación en la muerte del químico Eugenio Berríos cree que existió una coordinación de las Fuerzas Armadas de América del Sur para eludir la acción de la Justicia.
Así lo afirmó el juez penal Gustavo Mirabal en la sentencia que emitió el jueves pasado, en la que accedió a la solicitud de los tribunales chilenos, que pidieron la comparecencia de Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Washington Sarli.
Mirabal reconoce que existió una "organización integrada por efectivos militares y paramilitares de Chile, Argentina y Uruguay, que habría actuado coordinada y solidariamente con el fin de eludir la acción de la justicia en los procesos iniciados contra sus efectivos una vez restaurado el sistema democrático en esos países".
En la sentencia, el juez asegura que la organización existía "en forma permanente, para evadir de la justicia a más de un ciudadano chileno, o más genéricamente, para prestarse lo servicios que fuesen necesarios a fin de lograr impunidad".
El magistrado afirma en la sentencia que del expediente chileno del caso Berríos se desprenden las pruebas de la existencia de dicha organización.
"Tal organización tuvo comienzo de ejecución en Chile, disponiéndose el traslado del aludido a nuestro país (Uruguay), a sabiendas de la existencia previa de un respaldo logístico por parte de los militares uruguayos involucrados, quienes apoyarían la acción de los militares chilenos en territorio oriental ante cualquier dificultad que se plantease, como, de hecho, habría ocurrido", señala.
Actualmente, se espera que el abogado defensor de los militares implicados, Amadeo Otatti, apele el fallo del juez Mirabal.
Una vez que el jurista presente este recurso, el expediente pasará a manos de un Tribunal de Apelaciones cuyo fallo puede ser también apelado, en última instancia, tanto por el abogado defensor como por el fiscal del caso, Luis Bajac, frente a la Suprema Corte de Justicia.
Berríos, a quien se atribuye la creación del gas sarín, fue un agente de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile y que ingresó clandestinamente a Uruguay en 1991, supuestamente en un operativo conjunto de militares de ambos países para evitar que declarase en la causa por el crimen del ex canciller de la Unidad Popular Orlando Letelier, muerto en un atentado en Washington, en 1978.
En abril de 1995 el cadáver de Berríos, con dos disparos en la cabeza, fue encontrado en la playa de El Pinar, a 25 kilómetros de Montevideo. (EFE)
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