La noche del miércoles llegaron al recinto penitenciario el mayor Carlos Herrera Jiménez, el general Ramsés Alvarez, los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, como también a los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo.
Los seis condenados a pena aflictiva por el crimen del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, ingresaron la noche del miércoles al penal de Punta Peuco, luego que el ministro Sergio Muñoz notificara el cumplimiento de la condena que fue ratificada por la Corte Suprema el 9 de marzo en el 18° Juzgado del Crimen de Santiago.
Entre los procesado se encuentra el mayor del Ejército en retiro Carlos Herrera Jiménez, quien también está condenado por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, el que fue ultimado en febrero de 1982 en Valparaíso.
Junto a Carlos Herrera Jiménez está cumpliendo la pena aflictiva el general en retiro Ramsés Alvarez Scoglia, quien era jefe de la Dirección Nacional del Inteligencia del Ejército y que está condenado por el asesinato del dirigente sindical.
Los que también ingresaron al recinto destinado a los militares que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos son los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, como también a los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo.
Según confirmaron fuentes de gendarmería, el juez no autorizó la presencia de guardia personal del servicio del Ejército del Comando de Apoyo en el recinto penal, sino que solamente podrá asistir un estafeta y un cocinero.
El abogado querellante, que representó a la familia del ex sindicalista, Jorge Mario Saavedra, afirmó que la justicia ya llegó.
"Estamos muy contentos porque llegó la hora de la justicia, y lo que nosotros aspiramos se está dando, se está realizando. La justicia tarda, pero llega", expresó.
Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982, cuando ocupaba la presidencia de la ANEF. El crimen, cometido por personal de los organismos de seguridad de la dictadura militar, permaneció durante 17 años en manos de Sergio Valenzuela Patiño, sin que este pudiera establecer el detalle de los hechos, así como a sus autores.
Sólo en 1999, con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, la familia de Jiménez logró que el Poder Judicial cambiara al ministro, quien fue reemplazado por Sergio Muñoz.
El nuevo juez logró en pocos meses establecer la correlación de los hechos vinculados al crimen, algo que Valenzuela no logró en casi dos décadas de trabajo.
