Según el máximo tribunal, la Superintendencia de Educación "quebrantó de manera flagrante el debido proceso".
La defensa del plantel alega que "no se está negando que haya habido problemas", pero no se dejó "corregirlos".
La Corte Suprema anuló la resolución que ordenaba el cierre de la Universidad de la República y estableció que "se quebrantó de manera flagrante el debido proceso".
La Superintendencia de Educación Superior detectó graves falencias administrativas y ordenó su cierre, por lo que la entidad de educacional -que no niegan los problemas administrativos- presentó un reclamo de ilegalidad de la resolución.
Según consignó El Mercurio, el máximo Tribunal señaló que la Superintendencia de Educación "dentro del plazo de 10 días debía pronunciarse, sea aprobando el plan, previo informe favorable del Ministerio de Educación, o formunándole observaciones para que la reclamante dentro del plazo de quince días debía presentar las enmiendas pertinentes".
El fallo agrega que "la autoridad no solo quebrante la ley, en cuanto no agotó la instancia previa (...) sino que, además, efectuó un prejuzgamiento, puesto que, en su concepto, el plan de recuperación presentado por la universidad no tenía la calidad de tal, atendido la magnitud de sus falencias, es decir, se pronuncia sobre el fondo del asunto, saltándose el fondo del asunto, saltándose una etapa del procedimiento, impidiéndole con ello a la quejosa al menos tener acceso al referido plazo y, por consiguiente, a ser oída, en un procedimiento que terminó por aplicarle la más severa de las sanciones, vulnerándose de manera evidente las reglas del debido proceso".
Es por esto que la Corte Suprema establece que se "acoge el reclamo de ilegalidad interpuesto por la referida institución universitaria y, por consiguiente, se deja sin efecto la resolución N°165 de 29 de marzo de 2021 (de cierre), emitida por la Superintendencia de Educación Superior".
En este contexto, los abogados defensores de la Universidad de la República, Ciro Colombara y Aldo Díaz, apuntaron que "no se está negando que haya habido problemas, lo que se está diciendo es que esos problemas no tenían la magnitud que le atribuyó el superintedente, no se respetó el debido proceso para corregir esos problemas y todo eso con el agravante de una universidad viva, que hoy está funcionando".
