El tribunal acreditó delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos cometidos entre 2022 y 2023 en perjuicio del municipio.
Además de las penas de cárcel, los condenados deberán pagar millonarias multas y quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio impuso una pena de 14 años de cárcel al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex UDI), y a su pareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, por una serie de delitos de corrupción cometidos entre los años 2022 y 2023.
La exautoridad comunal y Carrasco fueron sentenciados a 10 años de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos, en perjuicio de la Municipalidad de Algarrobo, y a 4 años adicionales por lavado de activos, ilícitos que, según el fallo, permitieron desviar millonarios recursos fiscales para fines personales.
Junto con las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó el pago de una multa equivalente al doble del perjuicio causado, que asciende a 2.309 millones de pesos, además de una sanción adicional de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) —equivalentes a 13.950.200 pesos— por el delito de lavado de activos.
Asimismo, tanto Yáñez como Carrasco quedaron sujetos a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares durante el tiempo que dure la condena.
En la misma causa, el tribunal condenó a Sixto Carrasco, hermano de la extesorera municipal, quien fue declarado cómplice del delito de malversación de caudales públicos, y recibió una pena de tres años de presidio, y autor del delito de lavado de activos, por lo que se le impuso una condena adicional de 3 años y un día de cárcel.
En su caso, también se dictó el pago de una multa de 1.516 millones de pesos por la malversación, junto a otra sanción de 200 UTM por lavado de activos, además de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos.
Finalmente, el tribunal acogió la demanda civil interpuesta en la causa, ordenando a los condenados pagar al Fisco un total de 1.154 millones de pesos por concepto de daño emergente, monto que busca resarcir parte del perjuicio económico provocado al Estado por los delitos acreditados durante el juicio.
