La Red Iberoamericana de Jueces calificó la decisión de la Corte Suprema de "inconstitucional" y como un acto que "corroe" las bases del Estado de Derecho.
A través de una declaración pública, la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) consideró que el cierre de causas sobre violaciones de derechos humanos en un plazo de seis meses que ordenó la Corte Suprema, "aparece comprometiendo gravemente la independencia de los magistrados que conocen del fondo de dichos casos", quienes tienen el "ejercicio jurisdiccional" de los mismos.
"Los jueces no deben aceptar órdenes de ninguna autoridad que no sea las que dicte la ley, la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, además de hacer cumplir las decisiones de los tribunales superiores competentes en recursos debidamente establecidos de acuerdo al principio de legalidad", agrega el grupo.
Para la RIJ, "aceptar esta orden inconstitucional, pues la Corte Suprema carece de facultades para invadir las atribuciones propias y privativas de los jueces y ministros de Corte de Apelaciones, corroe de manera insospechada la independencia de los jueces del fondo, pilar básico sobre el que se sustenta el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la credibilidad y la seriedad de cualquier sistema de justicia".
El grupo iberoamericano de magistrados anticipa que "observará los presentes casos con el objeto de apoyar el irrestricto respeto a la independencia de los jueces".
"La Red Iberoamericana de Jueces exhorta al Estado de Chile a modificar sus normas internas, con el objeto de garantizar debidamente la independencia de los jueces de acuerdo a lo establecido en los artículos 8º y 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que 'toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial'", sentencia el comunicado.
La RIJ está integrada por magistrados de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, El Salvador, España, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú, y entre sus objetivos está el "fortalecer y consolidar decididamente la independencia del Poder Judicial como poder del Estado y de cada juez como responsable de la jurisdicción, garante del estado social y democrático de Derecho y de los derechos de las personas".
