La auditoría detectó graves fallas en los controles de la Dicrep durante 2023 y 2024, incluyendo operaciones reiteradas, ausencia de denuncias y falta de verificación.
El organismo instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades y remitió el informe al Ministerio Público.
Una auditoría de la Contraloría detectó serias deficiencias en la gestión de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la "tía Rica", durante 2023 y 2024, revelando un débil control sobre las operaciones de empeño realizadas por el organismo.
El informe estableció que 1.681 personas con antecedentes penales lograron empeñar bienes por más de 1.500 millones de pesos, sin que se verificara adecuadamente la procedencia de las especies ni se efectuaran denuncias ante las autoridades correspondientes, pese a que dichas prendas no fueron recuperadas por sus dueños.
La auditoría se centró en los créditos con garantía prendaria otorgados por la unidad de crédito Casa Matriz de la Dicrep, abarcando procesos como administración, custodia, liquidación, renovación y pago de excedentes por remates de pólizas vencidas.
Según los sistemas del servicio, durante 2023 se registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, que totalizaron más de 7.139 millones de pesos.
En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con montos que alcanzaron los 7.290 millones de pesos y una frecuencia que llegó hasta 230 empeños por persona en un solo año.
Pese a estos niveles de recurrencia, la Contraloría constató que la "tía Rica" no cuenta con sistemas de alerta para detectar operaciones reiteradas ni con mecanismos de control que permitan identificar patrones de riesgo.
El informe también advierte la inexistencia de procedimientos básicos para validar la identidad de los usuarios, corroborar datos personales y verificar el origen lícito de los bienes empeñados.
Asimismo, se detectó una falta total de coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies entregadas en prenda incluyen información relevante para investigaciones, como número de serie, modelo y estado.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitió el informe al Ministerio Público.
Además, ordenó a la Dicrep reforzar sus mecanismos de control, medidas que serán evaluadas en una próxima auditoría de seguimiento.
Estos hallazgos llevaron a que la bancada de diputados UDI exigiera que "se asuma la responsabilidad política" del caso, que se traduciría en la renuncia del director de la "tía Rica", Cristóbal Sepúlveda, quien asumió en el cargo en agosto pasado.
"No es posible que se estén financiando actividades ilícitas con platas del Estado. A lo menos, lo que señala el informe de la Contraloría es muy claro: que por falta de control adecuado, se está entregando dinero del Estado a más de 1.600 personas con antecedentes penales, y por otra parte, que hay más de 5.000 personas que han concurrido más de 200 veces en un año a esta caja a buscar dineros del Estado", fustigó la gremialista Flor Weisse.
Para la diputada, esto significa que "de una u otra manera, el Estado es cómplice de la actividad delictual".
Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo -cuya cartera es el puente entre la Dicrep y el Estado-, anunció que "nos encontramos en un proceso de revisión de todos los antecedentes señalados en esa auditoría, y a partir de ello, tomar todas las medidas administrativas y disciplinarias que corresponda".
Por lo pronto, aseveró que "en ese mismo informe de auditoría, Contraloría señala una serie de instrucciones y mecanismos reparatorios que el Servicio debe tomar, y junto al subsecretario (del Trabajo, Pablo) Chacón, hemos instruido a Dicrep que, de manera inmediata, empiece a incorporar todas las instrucciones que la auditoría señala".
"La 'tía Rica' no puede ser la tía ingenua", comentó Juan José Lyon, director de la fundación América Transparente, aseverando que "no es aceptable que una institución pública no tenga los filtros básicos para distinguir entre un ciudadano en apuros, que va a pedir un crédito prendario, y una banda que reduce especies".
"La 'tía Rica' -según da cuenta la Contraloría- se convirtió en una caja pagadora o blanqueadora de la delincuencia", por cuanto el informe apunta a que "para un delincuente, hoy en día es más fácil y seguro lavar joyas robadas a través de una ventanilla estatal, que a través del mercado negro", advirtió.
Con todo, Lyon cree que "esto no es sólo desorden, es una falla de seguridad nacional".
