El INDH acusó que un comisario contactaba a extranjeros para "regularizar" su situación, pero luego eran expulsados.
La situación se produjo en marzo pasado.
La Corte Suprema falló a favor de la Policía de Investigaciones (PDI) en un caso de presunta detención ilegal de más de veinte migrantes que fueron expulsados de Chile en marzo pasado.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de 27 ciudadanos extranjeros, todos expulsados de Chile tras ser citados en la PDI para regularizar su situación, pero que luego terminaron siendo sacados del país, de acuerdo a La Tercera PM.
"Ninguno fue informado de que el motivo real de esta operación era privarlos de libertad", decía la acción legal.
El tribunal de alzada resolvió, sin embargo, que el procedimiento se llevó a cabo cumpliendo la normativa, salvo dos excepciones, donde los afectados podrán retornar al país. El proceso escaló a la Corte Suprema, que reafirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones.
El caso
La Tercera indica que, en uno de los casos denunciados, el subcomisario Felipe Madrid, de Policía Internacional, contactó a Diego Cruz, ciudadano colombiano quien fue expulsado de Chile en marzo pasado, para regularizar su situación, solicitándole reunirse con él.
Cruz consultó al policía la posibilidad de quedar detenido, pero el policía le respondió que sólo se vería un "tema administrativo", pero finalmente fue expulsado al día siguiente de la llamada telefónica.
Desde la PDI acotaron que las detenciones fueron en el marco de los decretos de expulsión y que les fueron leídos sus derechos, apuntando a que los ciudadanos expulsados habían sido condenados por distintos delitos en Chile o Colombia.
"No existen antecedentes que ameriten la instrucción de un proceso administrativo", dijeron desde la PDI al medio, y agregaron que "la expulsión, en la gran mayoría de los casos se dicta porque el extranjero no ha cumplido, voluntariamente, la orden de abandono del país".
Actuar "no tolerable"
En su sentencia, el máximo tribunal señaló que los supuestos engaños cometidos antes de los decretos de expulsión "no acarrean (...) la nulidad de dichos actos administrativos o sus efectos".
No obstante, el ministro Jorge Dahm y el abogado Antonio Barra se pronunciaron a favor del amparo, por considerar que el procedimiento policial "fue ejecutado con infracción a la Constitución".
Anotaron que las versiones de los afectados eran concordantes y que "tal manera de proceder por parte de agentes estatales no es tolerable, toda vez que desconoce la dignidad de estos ciudadanos extranjeros", consignó La Tercera.
