Camilo Gajardo es acusado de los ataques en Vicuña Mackenna, contra Óscar Landerretche y Louis de Grange, entre otros.
El Tribunal decretó en 150 días el plazo para desarrollar la investigación.
El 12º Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a Camilo Gajardo, de 28 años, imputado por seis ataques con bombas ocurridos entre 2017 y 2019 en diversos lugares de Santiago y en contra de Óscar Landerretche y Louis de Grange.
El magistrado aceptó así la solicitud del Ministerio Público que durante la audiencia solicitó esta medida cautelar argumentando que el imputado actuó de forma premeditada para generar temor en la población, por lo que lo formalizó por homicidio calificado, en grado de frustrado, daños y lesiones, todos con calificación terrorista.
Además se le imputó la fabricación, transporte, colocación y detonación de artefactos explosivos, en el marco de los seis casos en que es investigado.
Según detalló el Ministerio Público, Gajardo tuvo participación en la explosión ocurrida en Vicuña Mackenna en enero de este año; además del envío de un artefacto explosivo al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche, en enero de 2017; y el fallido envío de una carta bomba al presidente de Metro, Louis de Grange, en mayo pasado.
Los seis ataques que se le atribuyen a Gajardo y sus fechas son:
13 de enero de 2017: Atentado explosivo contra Óscar Landerretche, ex presidente de Codelco, quien recibió un paquete-bomba en su casa de La Reina, que lo adjudicó ITS.
13 de abril de 2018: Colocación de artefacto en un banco en la Universidad Raúl Silva Henríquez que fue desactivado. El hecho se lo atribuyó el grupo ITS.
7 de septiembre de 2018: Ataque explosivo en un paradero del Transantiago en avenida Santa Rosa, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. La bomba estalló sin causar lesionados y fue reivindicado por el ITS.
10 de enero de 2019: Ataque incendiario contra un bus eléctrico del Transantiago. Grupo ITS se atribuyó el hecho.
4 de enero de 2019: Explosión en paradero del Transantiago en Vicuña Mackenna, el cual dejó cinco personas lesionadas de diversa consideración, también reivindicado por ITS.
7 de mayo de 2019: Paquete bomba enviado al domicilio del presidente de Metro, Louis de Grange, el cual fue interceptado. El grupo ITS también se lo adjudicó.
Pese a que la Fiscalía Vincula a Gajardo con estos seis ataques, el ITS desestimó que el joven participara de la agrupación.
El desarrollo de la audiencia
En la audiencia, la Fiscalía Sur pidió prisión preventiva en su contra, asegurando que el imputado actuó de forma premeditada para generar temor en la población, por lo que lo formalizó por delitos terroristas, además de otros ilícitos, como homicidio calificado, en grado de frustrado, daños y lesiones entre otros.
"El imputado Camilo Gajardo ejecutó de manera premeditada, con la finalidad declarada de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos previstos y sancionados en la ley 18.314 (Antiterrorista) buscando la muerte y lesiones de una o más personas en cada caso", dijo el fiscal regional sur Héctor Barros.
"Procedió de esta manera a la fabricación, el transporte, la colocación, el envío o la activación y detonación de diversos artefactos explosivos e incendiarios que en cada caso fueron posteriormente adjudicados mediante publicaciones vía internet", añadió.
El joven de 28 años fue detenido en la víspera en la comuna de San Joaquín cuando salía de su trabajo, lo que derivó en que luego se realizaran intensas diligencias por parte del OS-9 de Carabineros tanto en ese lugar como también en su domicilio en Puente Alto.
La defensa intentó que se declarara ilegal la detención debido a que se le realizaron una serie de peritajes, como pruebas genéticas sin la presencia de sus abogados, pero esto fue rechazado por el juez del tribunal.
Barros defendió la labor de la Fiscalía asegurando que "cuando se analiza cada uno de los elementos en los casos en que no tenemos ADN, ustedes van a llegar a la misma conclusión que en los casos en que sí tenemos perfil genético".
Las pruebas de la Fiscalía
Entre las pruebas entregadas por la Fiscalía en la audiencia se cuentan fotografías de los presuntos desplazamientos del imputado en la comisión de estos delitos, además de diversos elementos que presumiblemente se pueden utilizar en la fabricación de bombas, los cuales fueron hallados en el allanamiento a su pieza.
Además se encontraron cables, conectores de baterías, presuntamente empleadas en los distintos artefactos, además de relojes, que pueden utilizarse en los sistemas de activación de las bombas.
Asimismo, el Ministerio Público detalló que se encontraron perfiles biológicos en los artefactos que no estallaron -el de la Universidad Silva Henríquez y el enviado a Louis de Grange- que coincidían con las muestras genéticas tomadas al acusado.
El fiscal Barros también planteó que testigos lo han visto abordar buses del Transantiago en la Avenida Santa Rosa vistiendo ropas amplias para "disfrazar la apariencia física" y portando una máscara, para luego cambiarse de ropa, presumiblemente dentro de la máquina.
En tanto, la defensa desestimó varias de las pruebas señalando por ejemplo que las fotografías mostradas carecían de la calidad suficiente para establecer que correspondían a Camilo Gajardo y sostuvo que en ninguna parte del inmueble se encontró nada vinculado a pólvora o explosivos.
La defensora pública Alejandra Rubio cuestionó el registro de las cámaras de seguridad que "el Ministerio Público esboza y ostenta como fundantes de participación", ya que "es evidente que no muestran una imagen clara ni siquiera del rostro o algún elemento de carácter fisonómico de nuestro defendido".
"Luego de tanto tiempo de efectuarse estas diligencias de investigación, deberían haberse llevado elementos de mayor contundencia", criticó.
De todos modos, el magistrado del tribunal manifestó que las pruebas aportadas en el caso permiten determinar la prisión preventiva para el acusado y además fijó el plazo de investigación en 150 días, es decir, cinco meses, pese a que la Fiscalía había solicitado ocho meses como plazo.
