Ley de Usurpaciones: Veto elimina la autotutela, "salvaguardando el delito"

La ministra de Interior, Carolina Tohá, confirmó y entregó detalles del veto presidencial que se ingresó este mismo viernes a la Ley de Usurpaciones que, según explicó, salvaguarda el delito, pero elimina la autotutela. 

Desde La Moneda, la secretaria de Estado explicó que "se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos y para salvaguardar que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías".

Éste, explicó, "tiene 14 observaciones: 10 de fondo y cuatro formales".

"La persona va a poder hacer legítima defensa igual que los delitos generales, pero se saca todo este régimen especial que se había creado, que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran por sus propias manos ir a hacer reivindicación de su bien", destacó Tohá, que afirmó también que esto se hizo "salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías, eso hoy día no existe".

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó que "el veto se ingresa hoy dentro del plazo establecido la Constitución", y añadió que "es muy importante aclarar que en el caso del veto supresivo y sustitutivo, en caso de que el Congreso lo rechace, tiene que votarse favorablemente por dos tercios de los integrantes de ambas Cámaras presentes en la sesión para insistir en el texto original".

"En caso contrario, entonces no hay norma", remarcó y agregó que "esperamos que exista voluntad para aprobar este veto porque creemos que corrige los aspectos más complejos de lo aprobado".

En particular, profundizó, en "el tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, algo que va en contra de las bases de nuestro ordenamiento jurídico y particularmente de nuestro sistema penal".

"En ese sentido -dijo- nos parece que se tiene que restablecer el principio de que son las policías y los tribunales los que restablecen el imperio del derecho, estando el monopolio de la fuerza radicada en el Estado".

Asimismo, apuntó al "establecimiento de la graduación de pena sobre la base de la gravedad de las circunstancias en que se comete el delito y, por tanto, el juez podrá tener consideración de estas circunstancias para finalmente determinar cómo se aplica la pena".

También, resaltó, "se establece esta forma de restitución anticipada o rápida de manera tal que, por un lado, las policías pueden actuar en cualquier momento y adicionalmente los tribunales pueden ordenar la restitución sin esperar el fin del juicio".

"Creemos que es una norma que otorga herramientas adecuadas para el rápido restablecimiento del imperio del derecho, pero al mismo tiempo respetando los príncipios básicos sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. No podemos autorizar la violencia de particulares para resolver sus conflictos jurídicos, porque eso genera más violencia".

"En todo nuestro sistema penal existe graduación de penas de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en que se comete un delito, algo que no acontecía con la norma que se había aprobado", enfatizó.

USURPACIONES VIOLENTAS Y NO VIOLENTAS

La oposición manifestó con su fuerza su preocupación sobre la posibilidad de que ciertos tipos de usurpaciones no fueran sancionados con presidio, sino solo con una multa, como es actualmente.

El Gobierno mantuvo lo aprobado por el Congreso sobre la usurpación con violencia contra las personas: la pena será de hasta cinco años; pero decidió limitar a un máximo de tres años la pena para las usurpaciones violentas en que solo haya daño de las cosas, cómo romper una reja o un candado.

En cuanto a las usurpaciones sin violencia, el Congreso aprobó una pena de hasta tres años de presidio, lo que el Gobierno decidió vetar y dejar a criterio del juez si aplica una multa o una pena de presidio de hasta 540 días.

"Hay situaciones que pueden ser muy distintas, por ejemplo, lo que conocemos habitualmente como las tomas en que personas que tienen un problema habitacional, una familia, hace una usurpación. O bien, el caso de una persona que está haciendo un negocio o que usurpa varias veces un mismo predio y que está ganando plata con eso. No puede tener el mismo trato ambas situaciones", destacó Tohá.

Ante esto, la secretaria de Estado aseguró que "aquí se promueve que el juez defina en este espectro de casos cuándo aplica cárcel y cuándo aplica una multa".

SIN ACUERDO

Respecto al apoyo que tendrá el veto en el Congreso, Tohá sostuvo que "en algunos temas hubo bastante buena disposición, en otros fueron más debatidos y la verdad no vamos a saber eso hasta que estemos en el Parlamento".

"No está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica", precisó.

La ministra añadió "este es uno de los proyectos priorizados (...) y le vamos a poner urgencia una vez presentado el veto".

"Esto es un delito, pero tiene algo excepcional que otros delitos no tienen y es la flagrancia permanente para efecto la actuación de las policías. Eso, por ejemplo, en el robo no existe, pero aquí va a existir. Eso significa que en cualquier momento la persona puede ir y pedir que Carabineros intervenga y desaloje el lugar en cualquier momento sin esperar que haya una resolución judicial, salvo que judicialice el caso y en ese caso ya el juez tendrá que definirlo", recalcó la jefa de gabinete.

A la vez, recordó que "hoy día la usurpación no es un delito; con esta ley va a ser un delito. Hoy día las policías no pueden intervenir en cualquier momento; ahora van a poder intervenir. Hoy día las policías no pueden detener; ahora van a poder detener. Hoy día en todo tipo de usurpación va a estar prevista la posibilidad de penas de cárcel que no existen para ningún tipo de usurpación".

ESCENARIO INCÓMODO PARA EL CONGRESO

Una vez que fue conocido el detalle del veto, el diputado por La Araucanía Andrés Jouannet (Amarillos) reprochó que el Ejecutivo puso al Congreso en un escenario incómodo.

"¿Qué es esto de usurpación pacífica? ¿Vamos a dejar en manos de un juez, como el juez de Arica que decida con su criterio cuál es una usurpación pacífica? Vamos a estudiarlo, porque lo peor es quedarnos sin nada", comentó.

"Ese es el problema, el Gobierno nos pone en una situación en que es peor quedarse sin nada", advirtió.