Republicanos oficiaron al Gobierno para solicitar un informe sobre organizaciones criminales que presuntamente operan detrás de estas tiendas multiproductos.
En paralelo, parlamentario RN solicitó al SII y al Ministerio de Economía investigar eventuales irregularidades y la operación de locales sin patentes.
Diputados oficiaron al Gobierno para informar sobre las presuntas organizaciones criminales que operan detrás de los malls chinos y las acciones que toma respecto a ellas, luego que en el Barrio Meiggs la PDI desbaratara a una mafia china.
Los parlamentarios republicanos Stephan Schubert y Catalina del Real solicitaron un informe exhaustivo al Ejecutivo al respecto y, además, anunciaron un oficio dirigido a Interior para que aplique medidas de inteligencia sobre las orgánicas extranjeras.
"Es fundamental que el Gobierno tome cartas en el asunto y realice una investigación exhaustiva para esclarecer la situación en estos centros comerciales. No podemos permitir que el comercio legítimo se vea afectado por redes criminales que operan en las sombras", dijo Schubert.
Por su parte, del Real sostuvo que la detención de 30 personas en Meiggs -de las cuales 27 eran de nacionalidad china- acusadas de narcotráfico, contrabando, homicidio, secuestro, comercio sexual y extorsión, "es solo la punta del iceberg".
"Es crucial que revisemos hasta qué punto estas organizaciones están infiltradas en nuestras comunidades y cómo afectan la vida diaria de los ciudadanos. Las autoridades deben actuar con urgencia y determinación", expresó la diputada republicana.
En paralelo, el diputado RN Mauro González ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Ministerio de Economía para que investiguen eventuales irregularidades en el rubro de los malls chinos, luego de que se conociera una investigación que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) hizo al respecto.
El estudio, que examinó a 62 establecimientos en cuatro regiones, contempló la clausura del mall chino Super Lida en Ñuñoa, que operaba sin la debida patente municipal.
"Es inaceptable que algunos establecimientos puedan operar sin los permisos necesarios y, peor aún, sin garantizar la seguridad de los productos que ofrecen a los chilenos. Este tipo de comercio no solo afecta a los negocios que cumplen con la ley, sino que también pone en riesgo a los consumidores", fustigó González.
Por ello, el legislador también solicitó la intervención del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
"No podemos permitir que el comercio informal ponga en jaque el bienestar de nuestra sociedad y sea una amenaza para aquellos comercios establecidos que cumplen con toda la normativa vigente", concluyó el RN.
