Personal de la PDI y de la Fiscalía desplegó un megaoperativo a nivel nacional este martes, que permitió desarticular una red que se dedicaba a lavar activos malhabidos de la organización transnacional Tren de Aragua.
Durante el punto de prensa realizado esta mañana, las autoridades indicaron que los 52 detenidos hoy -45 venezolanos y siete chilenos- son sospechosos de sacar del país el dinero obtenido por la célula delictual mediante secuestros, extorsiones, narcotráfico y estafas telefónicas.
De los aprehendidos extranjeros, 29 se encontraban en situación migratoria regular, mientras que 16 eran irregulares.
Según los antecedentes de la causa, estos sujetos lavaron unos 13,5 millones de dólares al transferirlos hacia cuentas comerciales o bancarias, e incluso intercambiándolo por criptomonedas. Posteriormente, el dinero era enviado a países como Colombia, México, España, EE.UU., Paraguay, Argentina y Venezuela.
Cómo operaba la organización
"Esta actividad delictual generaba rentabilidad. Estas personas eran testaferros: comúnmente, son personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que se envíen afuera", dijo el subprefecto PDI Sergio Castro.
"Así se crean distintas empresas como intermediarias, que registran múltiples giros. Se detectó una principal fuga de cambio de criptodivisas", añadió la institución, que afirmó que este tipo de moneda hacía más difícil su rastreo al ser mandada fuera del país.
La fiscal de la Región de Tarapacá, Trinidad Steinert, añadió que "algunos miembros de la organización se unían y eran conocidos entre los integrantes del Tren de Aragua o se hicieron conocidos por otra razón, y prestaban las cuentas (para alojar el dinero lavado)".
"Estas platas llegaban a estas personas producto de los ilícitos cometidos por trata de personas, homicidios, secuestro, extorsiones, etcétera", añadió la persecutora.
En los allanamientos, los funcionarios incautaron sólo un arma de fuego, por lo que se presume que los involucrados en esta nueva arista no tienen relación con los hechos de sangre que caracterizan a la organización original.
En tanto, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF) ratificaron su compromiso y disposición de la banca para cooperar institucionalmente con las autoridades a la lucha contra el crimen organizado, algo que fue valorado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien además destacó la colaboración público-privada en esta investigación.
"Esta operación no habría sido posible si no hubiera concurrido un conjunto de actores del Estado y privado que la han permitido. Y asimismo quiero reconocer el aporte de la ABIF y del BancoEstado con el turno que, en virtud de un convenio que suscribimos hace algunos meses atrás, han dispuesto para que ahora las órdenes judiciales que solicitan los fiscales en tribunales de congelamiento de cuentas bancarias puedan hacerse efectivos no solo en horarios hábiles, como ocurría antiguamente, sino que también se pueden hacer efectivas en días y horarios inhábiles", indicó el persecutor.
