El Presidente Sebastián Piñera ha cumplido un promedio de 53 por ciento de las 59 promesas que realizó durante la cuenta pública de su gestión en 2018, según el informe "Del dicho al hecho" publicado este jueves por la fundación Ciudadanía Inteligente.
"El Gobierno muestra avances en la mayoría de las promesas que el Presidente hizo hace un año atrás. Sin embargo, no ha sido eficaz a la hora de cumplir plenamente", explicó la socióloga Colombina Schaeffer, subdirectora de la organización sin fines de lucro que -por noveno año consecutivo- realiza el reporte.
El estudio reveló que de las 59 promesas legislativas que Piñera lanzó la pasada cuenta, sólo nueve se han cumplido completamente. Las otras 50, en tanto, tienen algún grado de avance: 17 están por encima del 50 por ciento del proceso.
Las áreas con mayor avance fueron Economía y Comercio, Agricultura y Ciencia y Tecnología, todas con un 70 por ciento.
En tanto, las materias con menor avance fueron Pueblos Indígenas, con 0 por ciento; Justicia y Derechos Humanos, con 23 por ciento; y Vivienda y Urbanismo, con 40 por ciento.
De acuerdo con Octavio del Favero, coordinador de Incidencia de Ciudadanía Inteligente, detalló en Cooperativa que las nueve promesas cumplidas por el Gobierno fueron:
- Nueva ley sobre delitos de corrupción
- Fuero maternal para mujeres en las FF.AA.
- Inclusión de trabajadores independientes en sistemas de seguridad social
- Prohibición de bolsas plásticas
- Pago oportuno para Pymes
- Nuevo consejo fiscal autónomo
- Extender la jornada de los bancos
- Nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social
- Ampliación de la subvención a organismos colaboradores del Sename
En tanto, la fundación detalló que dos materias presentan cero por ciento de avance, las cuales son el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y reformas al sistema de justicia en Chile.
La subdirectora de Ciudadanía Inteligente -antes llamada Ciudadano Inteligente- agregó que "el gran desafío es alcanzar acuerdos en un Congreso donde no tiene mayorías y que el contenido de los proyectos de ley respondan a estándares mínimos de derechos humanos, lo que ha sido puesto en duda por organizaciones de la sociedad civil en cuestiones como migración, infancia y educación".
El análisis del informe "Del dicho al hecho" se conoce de cara a la cuenta pública del próximo 1 de junio.
