Dirigentes de la mesa de trabajadores insiste en que la propuesta no impide despedir a nadie.
Desde la derecha señalaron haber identificado siete normas que producen algún tipo de "amarre".
La Comisión de Hacienda del Senado inició este miércoles la etapa de audiencias en el marco de la tramitación del proyecto de reajuste al sector público, instancia que contó con la exposición de dirigentes sindicales y que abrió un fuerte debate con la oposición por eventuales "amarres" al aparato estatal y el financiamiento de la iniciativa.
Entre los primeros en exponer estuvieron la vicepresidenta de la CUT y coordinadora del sector público, Gabriela Farías, y el presidente de la ANEF, José Pérez, quienes enfrentaron los cuestionamientos de la derecha respecto de una norma que, a su juicio, impediría desvinculaciones y favorecería a trabajadores afines al Gobierno.
Desde las organizaciones rechazaron esa interpretación y aseguraron que el proyecto no prohíbe despidos, sino que exige fundamentarlos adecuadamente.
"Si usted quiere despedir a alguien, despídalo, pero diga por qué lo está despidiendo", afirmó Farías, apuntando a prácticas que —según denunció— afectan a funcionarios bien evaluados por razones ajenas a su desempeño.
En esa línea, Pérez sostuvo que el objetivo es proteger a trabajadores en condiciones precarias y no a cargos de confianza: "Gabinetes y asesores que llegan con el gobierno y se van con el gobierno no nos corresponde defenderlos".
Además, recordó que entre 2015 y 2025 el Estado ha pagado cerca de 25 mil millones de pesos por término anticipado de contratos.
El debate también se ha concentrado en el financiamiento del reajuste de 3,4%, junto con bonos, aguinaldos y otros beneficios, cuyo costo total supera los 1.600 millones de dólares. Desde la oposición advirtieron que esos recursos no estarían completamente considerados en el presupuesto vigente.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) acusó una cercanía política entre dirigentes sindicales y el oficialismo, mientras que Agustín Romero (Partido Republicano) sostuvo que "hoy día no hay plata para este reajuste" y cuestionó que se pretenda traspasar el problema al próximo gobierno.
En tanto, desde Chile Vamos insistieron en que antes de votar el proyecto deben escuchar al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y a la Contralora General de la República, para despejar dudas sobre el financiamiento y la legalidad de las normas cuestionadas.
En una declaración pública, los cinco diputados de derecha que integran la Comisión de Hacienda acusaron al Ejecutivo de una "impropia y deshonesta forma de legislar".
Pese a las críticas, el presidente de la comisión, el diputado Boris Barrera (PC), manifestó su intención de someter a votación general el proyecto y avanzar en los artículos que no generan controversia.
La iniciativa contempla 129 artículos, muchos de ellos incluidos en una sección miscelánea que no se relaciona directamente con el reajuste salarial.
