El ministro del Interior consideró errado pensar que el Gobierno quiere hacer una ley especial para Sebastián Piñera, sino que trata de separar totalmente la relación entre dinero y política.
Francisco Vidal, ministro del Interior, enfatizó que "está equivocado el diputado (UDI Pablo) Longueira" al afirmar que la idea de legislar sobre la figura del "fideicomiso ciego" es una propuesta hecha con el "nombre y apellido" de Sebastián Piñera, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN).
En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado explicó que para La Moneda esta regulación tiene que ver con un "proceso de avance", que con respaldo de todos los sectores, permite transparentar la actividad pública.
"Esto no es primera vez, el año 1995 el entonces diputado Jorge Schaulsohn sondeó, a través de una moción, la posibilidad de avanzar en esto, no estaban las condiciones en la época; el año 96, 97, el entonces ministro Genaro Arriagada también lo planteó, y creemos que Chile hoy día está en condiciones de dar un paso más en la separación de lo que es el mundo legítimo de los negocios de las tareas del servicio público", sentenció.
Vidal señaló que "en fácil y en simple", el "fideicomiso ciego" permite a cualquier persona vinculada al mundo de los negocios entrar a la actividad pública, pero al mismo tiempo "separar absolutamente lo que ha sido su actividad empresarial de lo que es su actividad de servidor público, en cualquiera de las estructuras del Estado".
"Tenemos todos conciencia de que la relación entre el dinero y la política hay que separarla en su totalidad", agregó el jefe del Gabinete, quien detalló que "hay que ver este proyecto, que vamos a ver si es una indicación a algo que ya está en el Parlamento, o lo incorporamos separadamente".
El ministro enfatizó que el "fideicomiso ciego" plantea un área de acción "complementaria" con la reforma a la administración del Estado de 2003, cuando "por primera vez en Chile" se reguló el dinero de las campañas políticas, así como a los proyectos sobre declaración jurada de patrimonio y la regulación del lobby, porque la actividad pública "no puede convertirse en un debate de patrimonio".
"No se trata de que la persona venda sus cosas, se trata de que mientras ejerza el cargo, no tenga relación alguna con los intereses legítimos derivados de su patrimonio del mundo de los negocios; de tal manera que las decisiones que tome a nivel ejecutivo, a nivel parlamentario, incluso a nivel local, no tengan relación alguna con sus intereses", concluyó Vidal.
