Ministerio Público alista formalización de 800 militares involucrados en fraude al Fisco
La investigación -"compleja, de largo aliento"- comenzó en 2018 y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, señaló que ya está "en condiciones" de presentar cargos.
Determinó que el Ejército creó un "Plan de Cultura y Clima Organizacional" cuyo único objetivo fue compensar a funcionarios que perdieron plata en un "Fondo de Ayuda Mutua".
Los montos defraudados se acercan a los 3.000 millones de pesos.
La investigación se inició en 2018 tras una auditoría realizada por la Contraloría, que detectó contratos a honorarios y pago de comisiones por servicios no prestados
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El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, señaló estar preparando la formalización de unos 800 militares -activos y en retiro- vinculados con un fraude al Fisco cuya investigación se inició en el año 2018.
La indagatoria comenzó luego de un informe de Contraloría que detectó mecanismos fraudulentos para resarcir económicamente a más de 500 funcionarios del Ejército que perdieron sus ahorros en el Fondo de Ayuda Mutua, que operó en la IV División desde la década de 1950 y hasta 2006.
Como adelantó hace dos semanas Cooperativa Regiones, tras los allanamientos realizados al Edificio Bicentenario del Ejército, en Santiago, y a dependencias castrenses de Coyhaique, se logró determinar la existencia de un fraudulento Plan de Cultura y Clima Organizacional creado por el comandante en Jefe, Óscar Izurieta, el año 2008.
El fiscal Palma afirmó que la cantidad de imputados a formalizar "asciende a un número cercano a los 800".
"Es justamente lo que estamos precisando: evaluando algunas responsabilidades más pequeñas y, eventualmente, ese número podría subir un poco. En cuanto a los montos, el monto original adeudado a los funcionarios del FAM, y por lo tanto el objetivo a cumplir con el fraude, eran un poco más de 2.900 millones de pesos", señaló el persecutor.
"Investigación de largo aliento, compleja"
De los 800 imputados, 270 son funcionarios activos del Ejército, que han aparecido, con distintos grados de responsabilidad, en la investigación iniciada en 2018 por la Fiscalía Regional del Aysén.
"Por ahora no hemos pedido audiencia, estamos evaluando los términos precisos de la misma y los distintos grados de responsabilidad", indicó Palma, enfatizando que ésta "es una investigación de largo aliento, compleja, tanto por el número de los involucrados como por los montos y las distintas vías implementadas para cometer el fraude".
No obstante, "a pesar del largo aliento, ya estamos en condiciones de formalizar investigación", indicó el fiscal regional.
Si bien no se ha difundido el listado de nombres de los imputados, en la última audiencia judicial del caso, realizada hace dos semanas, el fiscal Luis González indicó que las responsabilidades en el Plan de Cultura y Clima Organizacional parten del alto mando institucional y llegan hasta los oficiales y suboficiales que recibieron los beneficios económicos indebidos.
"Buena intención, mala decisión y correcta ejecución"
El Plan de Cultura y Clima Organizacional del Ejército, creado en 2008, tenía como único objetivo utilizar recursos fiscales para pagar los dineros perdidos por el personal de la IV División en el Fondo de Ayuda Mutua, utilizando para ello mecanismos como contratos a honorarios o pago de sueldos a personal en retiro y comisiones de servicios que no se realizaron, pero donde sí hubo un pago de viático, entre otros.
Lorenzo Avilés, abogado defensor de los suboficiales imputados, no desconoce el mal uso de recursos públicos en este caso, pero ha asegurado que tuvo "una buena intención".
"Esto es fácil de graficar: es una buena intención, una mala decisión y una correcta ejecución", filosofó el letrado.
"¿La buena intención? Devolvámosles los recursos a estos cabros que han sido leales con la Patria; ¿La mala decisión? Devolvámosla con recursos fiscales; y la correcta ejecución: no hay ningún peso perdido", afirmó.