Corte Suprema condenó a ex miembros de la FACh por ejecuciones en Puerto Montt
El máximo tribunal elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá cumplir el jefe de la patrulla militar.
Estos crímenes fueron perpetrados en la población Lintz, el 31 de enero de 1974.
Los jóvenes fueron sacados de sus casas en horas de la noche por una patrulla militar yh luego fueron acribillados.
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La Corte Suprema condenó a cuatro miembros en retiro de la Fuerza Aérea (FACh) por su responsabilidad en el delito reiterado de homicidio calificado de Pedro Antonio Bahamondes Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, crímenes perpetrados en la población Lintz, de Puerto Montt, el 31 de enero de 1974.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá cumplir Ronald Peake, quien actuó en esa época como jefe de la patrulla militar que dio muerte a los deportistas, mientras que mantuvo los tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, para Juan Antonio Gallegos Vega, Héctor Stuardo Gajardo y José Javier Quilodrán Espinace.
Alfredo Argel, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Puerto Montt, señaló que a este dictamen que se da 46 años después de la muerte de estos jóvenes, incluso cuando una de las esposas de los deportistas asesinados falleció esperando este fallo, no se le puede llamar justicia.
El dirigente remarcó que "es denigrante cómo hasta el día de hoy nos siguen tratando en los procesos de Derechos Humanos. Lo único que cambió del primer fallo de la Corte de Apelaciones es que al jefe de la patrulla le dieron 10 años".
El caso en cuestión ocurrió el 31 de enero de 1974, luego que el grupo de jóvenes, luego de jugar un partido de futbol se fueron al bar Helvecia, en la población Lintz.
En el local había un funcionario de la Fuerza Aérea, junto a su pareja, con quien comenzaron una discusión, la que terminó en pelea. Luego los hombres se fueron a sus casas, hasta donde en horas de la noche, y luego del toque de queda, llegó a cada uno de los domicilios una patrulla militar, la que sacó a estas personas y se las llevaron. Todos fueron acribillados.
En el ámbito civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 205 millones de pesos a los familiares de las víctimas.