El lento camino para caducar la concesión a Essal

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Autor: Cooperativa.cl

El Presidente Sebastián Piñera explicó que "la Superintendencia está haciendo la investigación y en base a la gravedad de la falta va a ser la sanción".

Para terminar con una concesión, se debe probar la gravedad de las consecuencias y la reiteración en las infracciones.

El lento camino para caducar la concesión a Essal
 ATON (referencial)

La caducidad puede ser parcial o total.

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El proceso para caducar la concesión de Essal podría llegar a durar más de un año, según informa una publicación del diario La Segunda

El Gobierno se encuentra analizando varios factores para tomar una decisión frente a los emplazamientos que ha recibido tanto de la oposición como del oficialismo, y la opción de que el Presidente Sebastián Piñera firme un decreto de caducidad es solo una de las opciones. 

En ese sentido, esta mañana en Radio Pudahuel, el mandatario enfatizó que "la Superintendencia está haciendo la investigación y en base a la gravedad de la falta va a ser la sanción que la empresa reciba. Multas va a haber muchas y muy grandes, porque hay muchas faltas".

En la misma línea, agregó que "hay una última instancia en la ley que establece la posibilidad de caducar la concesión, eso lo tiene que proponer la Superintendencia en base a un estudio serio, responsable y en eso está la Superintendencia y está trabajando a mil". 

El mandatario además fue crítico respecto a la empresa y manifestó que "la empresa tuvo errores, negligencias y omisiones inexcusables, la empresa tiene responsabilidad y eso lo dijimos desde el primer día".

"Yo creo que hicimos todo lo que se podía hacer, lo que no previmos era que la empresa iba a hacer tan poco al comienzo, tan poco diligente, tan poco ágil en resolver el problema", agregó.

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"Si el Estado no toma una sanción muy drástica se pone en jaque todo el sistema", dijo el diputado Jaime Tohá, quien fuera ministro de Obras Públicas cuando Essal recibió la concesión. (Foto: ATON/Archivo)

Ossandón: Una cosa es lo que uno quiera y otro lo que pueda

Para el senador RN Manuel José Ossandón la sanitaria merece esta máxima sanción aunque pidió al Gobierno estudiar el tema en profundidad. 

"Se merece que le caduquen la concesión, pero otra cosa es que se pueda. Yo creo que el Presidente de la República tiene que estudiar el tema en profundidad, porque una cosa es lo que uno quiera y otra es lo que pueda", dijo el parlamentario.

Ossandón insistió en que "tenemos que ser muy responsables porque una mala caducación nos puede significar un juicio que nos puede costar como Estado una fortuna".

Una drástica sanción que comparte el diputado socialista Jaime Tohá, quien encabezó la cartera de Obras Públicas (1998-2000) cuando Essal recibió la concesión.

"Yo creo que si el Estado no toma una sanción muy drástica pone en jaque todo el sistema. Sería una señal muy pertinente para el resto de las concesionarias, no sólo concesionarias de agua potable, también concesionarias de electricidad, de autopistas", aseguró Tohá.

Proceso 

Según explica el diario vespertino, la investigación no tiene plazo legal pero se habla tentativamente del 3 de agosto. Las indagatorias no solo abarcan lo que ocurrió específicamente el 11 de julio y que provocó le corte. Hay otros dos apectos que son necesarios para caducar una concesión: probar la gravedad de las consecuencias y la reiteración de infracciones. 

Con esto, la Superintendencia debe concluir si existen antecedentes o no para partir un proceso de caducidad. En caso de que sí, se abrirá un expediente y se le notificará a Essal. 

De todas formas, la decisión de terminar la concesión podría no incluir a todos los servicios, ya que puede ser total o parcial

Si se decide seguir en este camino, se debe trasmitir un informe que debe hacerse llegar al Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas. Es a partir de ahí, que el Presidente toma la decisión de dictar o no el decreto de caducidad. Si sigue adelante y Contraloría toma razón de ello, se nombrará un administrador provisional, momento en que la Superintendencia tendrá un plazo de hasta un año para licitar la nueva concesión. 

De todas formas, la ley permite que el afectado por la caducidad puede reclamar, lo que implicaría la posibilidad de que la empresa llegue ante un juez civil con un proceso de reclamación

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