El Juzgado de Garantía de Viña del Mar rechazó la solicitud de formalizar a Virginia Reginato, ex alcaldesa de la ciudad, en el caso denominado "Horas extras" que había hecho el querellante Javier Gómez, representante de la fundación Viña Transparente.
El juez Ignacio Adana, tras el debate dado en audiencia, explicó que la norma citada por Gómez, que indica que "cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella", no compete al jurista, pues pese a ser querellante, no es afectado por el delito investigado, en este caso fraude al fisco, ni cuenta con calidad de víctima.
Asimismo, el magistrado indicó que se trata de una solicitud extemporánea debido a que la investigación se encuentra cerrada desde el 14 de septiembre.
La solicitud de Gómez se basó en que Reginato "tiene un rol de supervigilancia, de garante y de administradora de los recursos públicos, por ende tiene una responsabilidad calificada a nuestro parecer. Además, era quien firmaba los decretos de horas extras, era quien autorizaba las horas extras".
De igual forma, Gómez dijo que existen antecedentes "que dan cuenta de la participación de Virginia Reginato en los hechos que tiene a tres ex funcionarios formalizados.
"Hay una serie de antecedentes aportados por Contraloría en la auditoría 438 de 2015 que establece algo sumamente importante porque establece que hay 443 personas, con nombre y apellido determinados que defraudan al fisco, que reciben horas extras a través de estos decretos firmados por alcaldesa Reginato", dijo Gómez.
Agregó que "en el informe de seguimiento de 2016, Contraloría constata que no se toma ninguna medida de restitución o control del informe de 2015. Igualmente está el juicio de cuentas que se acompañó a este proceso y lo más importante es un sumario administrativo que se realizara como consecuencia de este informe de Contraloría de 2015 porque ahí se señala por parte de los entes fiscalizadores que hay 34 jefes de de servicio, que son los que entregan las planillas de horas extras a la alcaldesa para que ella los autorice, que efectivamente están asignando horas extras más allá de lo posible. En la carpeta investigativa constan estos decretos por tanto el Ministerio Público los tiene a la vista", sostuvo el querellante.
Gómez también hizo referencia al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que constata notable abandono de deberes de parte de Reginato. "Ahí se señala que el rol de la alcaldesa es calificado, es supervigilar efectivamente la administración de los recursos públicos que ella tiene a su cargo como autoridad máxima del municipio".
El fiscal José Uribe pidió que se rechace la solicitud de formalizar de Gómez, argumentando "falta de legitimidad activa", indicando que la norma invocada por el querellante es solo para el imputado afectado por la investigación.
Asimismo, el persecutor sostuvo que con la investigación cerrada la ley sólo permite a la Fiscalía pedir sobreseimiento temporal o definitivo, acusar o no perseverar respecto de la causa. "En ningún lado dice que podemos formalizar o que podemos ampliar formalizaciones. En este estadio procesal tenemos esas cuatro opciones, no tenemos otras".
"Si esta norma se aplica de la forma planteada por el querellante, va a causar un grave perjuicio a la persecución penal porque si se fija un plazo de 45 días o dos meses y finalmente, por un hecho tan amplio como lo señalado en la querella como en las ampliaciones de querella, vamos a llegar a los dos meses, quizás sin la posibilidad de formalizar porque no vamos a tener recopilados los antecedentes y ¿qué puede pasar? Existe la posibilidad de que sobresean todos los hechos respecto de la señora Reginato y si después de cuatro meses más logramos encontrar algún hecho, esto quedaría en la impunidad", indicó Uribe.
Agregó que "por eso esta norma está hecha para el defensor porque es una norma de garantía que favorece al imputado", finalizó el fiscal en sus argumentos. Por otra parte, al finalizar la audiencia el persecutor indicó que se encuentran trabajando activamente con la PDI ya que "se están abriendo semanalmente nuevas aristas investigativas que dicen relación con diversos posibles eventuales fraudes".
Desde la defensa de Virginia Reginato, el abogado Gonzalo Yussef sostuvo estar de acuerdo "en lo formal" planteado por Fiscalía. "Creemos que la palabra afectado tiene que tener un alcance, quizás -siendo amplio- más allá del imputado, podamos incluir a alguien que sea víctima de un delito, pero acá el querellante no es víctima".
Agregó que "¿qué pretende el querellante? ¿Que se formalice a 443 personas, a 34 jefes de servicio, que se fiscalice a la alcaldesa por firmar? Se plantea una discusión de fondo que no es pertinente. Estamos en una causa cerrada. Para no transformarnos en un tribunal de televisión o de los que vemos carecen de orden de derecho, tiene que tener un orden".
