El caso comenzó en 2016, cuando la secretaria de la víctima planeó un engaño mediante mandatos legales y simulación de contratos.
En febrero la mujer fue formalizada y los coautores no se presentaron.
Mario Becerra junto a su propiedad en calle Angamos de Limache.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar despachó órdenes de detención para Luigi Crino y Rafael Plaza, quienes por segunda vez no se presentaron a la audiencia de formalización en el caso de apropiación indebida y simulación de contratos que afecta a un hombre en Limache.
Se trata del caso de Mario Becerra (73), un hombre que sufrió un perjuicio económico de 680 millones de pesos a manos de su ex secretaria, formalizada en febrero por apropiación indebida y simulación de contratos tras haber urdido un plan que terminó quitándole a Becerra un condominio de ocho casas y 84 millones de pesos, según la Fiscalía.
En ese sentido, Crino y Plaza son coautores de los mencionados delitos e iban a ser formalizados junto a la mujer, pero no llegaron a la audiencia al no ser notificados correctamente en febrero.
Junto con las órdenes de detención, el juez Felipe Contreras acogió la solicitud del abogado querellante representante de la víctima, Jorge Suez, y dictó una medida precautoria a favor de algunos bienes de Becerra y también autorizó el ingreso a la propiedad en cuestión para realizar un inventario.
"Dispuso la medida cautelar de protección de bienes respecto de objetos especies muebles que pertenecen a Mario Becerra y que quedaron en el condominio –que se encuentra también precautoriado- cuando él se vio obligado a entregar el control a su exsecretaria, producto de las amenazas a su vida que se inventaron para que el pudiese alejarse de su propiedad y ésta quedara en manos de terceras personas", dijo Jorge Suez.
Cinco años de historia
La historia se remonta al 2016, cuando Becerra contrató a la secretaria Yaritza Álvarez para que trabajara en el proyecto inmobiliario. La víctima, según antecedentes de la causa, confió en la mujer debido a que es pariente de funcionarios de Carabineros.
En 2017, Becerra fue víctima de supuestas amenazas de parte de un sicario, por lo que le otorgó un mandato a Álvarez para que ésta se hiciera cargo de sus bienes. Sin embargo, todo se trató de "un engaño previo y orquestado", dijo Fiscalía en la formalización de febrero.
Aquella mentira hizo que Becerra se alejara de sus propiedades y se aislara de sus redes personales, contexto que la secretaria –junto a Crino y Plaza- usaron para despojar a la víctima de sus propiedades mediante la simulación de contratos de compra y venta del inmueble de Limache.
También se generaron deudas ficticias, se invirtieron roles de acreedores y deudores, y se crearon distintas sociedades que "disfrazaron" la propiedad de Becerra que hoy sigue en manos de los imputados.
"En mayo de 2018, cuando la víctima aún desconocía lo que sucedía, procedieron en el Conservador de Bienes Raíces de Limache, a inscribir la propiedad a su nombre", expuso Fiscalía en febrero.
