Un menor de 14 años acusó ser víctima de repetidas agresiones desde inicios de año, momento en que se incorporó a Primero Medio del Liceo Vicente Palacios, de Tomé, mismo establecimiento donde este fin de semana se conoció de un caso de bullying contra una alumna de la misma edad.
De acuerdo a la denuncia interpuesta en Carabineros por la familia del estudiante, es un grupo de aproximadamente 20 jóvenes el que ataca a otros al interior de las salas de clase.
Según lo expresado por su familia, el nivel de agobio ha llevado a este menor a intentar suicidarse.
José Peña, el padre del menor, relató a Cooperativa que "el tenor de las amenazas es que lo van a matar, lo escupen en el colegio. Anda un grupo de unos 20 a 30 niños, que son un grupo de matones que lo empujan, lo escupen, le sacan la madre. Mi hijo, el día después de las vacaciones, entró al colegio y al segundo día le entran a pegar a la sala".
Peña añadió que "dice él que si no es un niño es otro. Esto ya me colmó, prefiero mil veces que mi hijo no vaya más a la escuela y no estar esperando que en cualquier momento te llamen que lo apuñalaron o que lo mataron. (...) Yo prefiero creerle mil veces a mi hijo que creerle a los profesores o al inspector. Yo sé lo que pasa con mi hijo".
Debido a esta situación, la dirección del establecimiento se reunirá con los padres de los menores afectados.
Aplicación de Ley Aula Segura y presencia policial
Los apoderados de los alumnos afectados concurrieron donde el seremi de Educación en el Biobío, Fernando Peña, quien confirmó que se aplicará la Ley Aula Segura contra los agresores y se solicitará el resguardo de Carabineros a la salida del establecimiento.
La Ley Aula Segura "nos permitirían apartar a los alumnos agresores mientras dure la investigación, en caso de que se aísle y se separe a los alumnos agresores del establecimiento que efectivamente haya resguardo policial", dijo Peña.
En la misma línea el director del Departamento de Administración Escolar de la Municipalidad de Tomé, Juan Manuel Riffo, indicó que "vamos a aplicar todo lo que la ley nos permita poder mantener. En primer lugar, la tranquilidad de los estudiantes y en segundo lugar, poder entregar las herramientas pertinentes a los apoderados para que puedan solucionar y que sus hijos puedan terminar el proceso educativo".
También existen denuncias sobre presunto tráfico de drogas y porte de armas blancas al interior del establecimiento.
