Alfredo Morgado, quien encabeza una millonaria demanda, enfatizó que el Fisco debe responder por la "deficiente" actuación del ex embajador Yungue.
El abogado Alfredo Morgado, defensor de la familia de Rocío Sariego -una de las tres víctimas chilenas de la matanza en la embajada en Costa Rica-, consideró que el Estado, a través del Ejecutivo, aún tiene responsabilidades que asumir respecto a los hechos registrados en la nación centroamericana en julio de 2004.
"Creemos que el Gobierno no ha asumido la debida responsabilidad que efectivamente tiene, porque hay un hecho concreto, y es justamente que la actuación del (ex) embajador (Guillermo) Yungue en el manejo de esta crisis fue, por decirlo menos, deficiente y al respecto debería el Estado haber asumido esta actuación deficiente del embajador Yungue, y no lo ha hecho", sentenció Morgado.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el jurista dijo que en la demanda civil, por 1.300 millones de pesos que presentó la familia Sariego contra el Estado de Chile, hay un "elemento clave", que dice relación con el rol de Yungue.
"Hay testigos que establecen, los que estaban al interior de la embajada y que permanecían encerrados ante recorrido que hacía el guardia Jiménez con su arma de fuego, escuchaban los llantos, los llamados de auxilio que efectuaban tanto Rocío Sariego como Christian Yuseff, y a pesar de eso, no se ingresó a la embajada para prestarles auxilio, siendo que el guardia (Orlando) Jiménez ya se había autoinferido una herida".
La policía pudo haber actuado e ingresar a la legación, "pero es el (ex) embajador Yungue, él mismo lo dice en sumario administrativo, dice que: 'yo no admití el ingreso a la embajada'. Entonces ahí está, obviamente, una actuación de un agente del Estado (...) que puede en los hechos, por esta misma actuación, haber llevado a un resultado de muerte".
El ex jefe de la delegación tenía "conocimiento preciso de que se requería el auxilio al interior de la embajada", subrayó.
De hecho, Morgado diferenció la situación del funcionario Roberto Nieto, quien también falleció en la legación, y cuya familia recibirá una indemnización de 500.000 dólares (alrededor de 260 millones de pesos) de parte del Gobierno de Costa Rica, porque éste "fallece en forma instantánea".
"En cambio, en lo que respecta a Rocía Sariego y también la situación de Christian Yuseff, también fallecido y agredido, ellos sobreviven un período determinado, prolongado, que se estima en más de dos horas", reiteró.
El 27 de julio de 2004 y armado con un fusil M-16, el policía costarricense Orlando Jiménez -asignado a la custodia de la embajada- irrumpió en la legación y ultimó al cónsul Christian Yuseff, al primer secretario Roberto Nieto y a Rocío Sariego, para luego suicidarse.
Según las investigaciones posteriores, Jiménez sufrió una crisis nerviosa al enterarse que la embajada había pedido su traslado, lo que se sumó al fallido intento de que su hija trabajara en la legación.
La familia de Sariego también ha resaltado el rol que cumplió el ex embajador Yungue en el hecho, pues sus constantes ausencias en el inmueble derivaron en una serie de irregularidades. (Cooperativa.cl)
