Marcelo Araya, gerente de Comunicaciones de Lo Valledor, el principal mercado de abastos de frutas y verduras de Santiago, realizó un mea culpa en medio de la intensa polémica por la decisión de prohibir la entrada a aquellas personas que no cuenten con cédula de identidad chilena.
La medida, anunciada la semana pasada y que comenzó a regir este lunes, fue criticada desde distintos sectores al considerarla "discriminatoria", ya que afecta a muchos migrantes en proceso de regularización que acuden para abastecerse y luego vender en distintas ferias y comercios de la capital.
El inicio de la marcha blanca de esta restricción se vio empañado por el tiroteo que se registró durante la mañana en el recinto de Pedro Aguirre Cerda, donde una mujer de 54 años -de nacionalidad chilena- le arrebató el arma a un guardia y e hirió a tres personas.
"Asumo mi error personalmente, porque yo decidí que pusiéramos 'chilenos' pensando que el documento, al final, lo establece el Registro Civil. Si me quieren tirar las orejas por eso, bueno, no hay nada que hacer", dijo Araya luego de la reunión en La Moneda entre representantes de Lo Valledor y la Vega Central y autoridades de Interior, para abordar medidas para el fortalecimiento de la seguridad en estos espacios de gran afluencia de público.
En la cita se acordaron cuatro puntos, el primero de los cuales es precisar qué documento de identidad válido, tanto para chilenos como para extranjeros, se va a solicitar, lo que vendrá de la mano con una capacitación de los equipos de ambos mercados para que sepan qué se pedirá.
"Lo que nosotros estamos planteando es que haya un documento nacional válido o habilitado; y, dadas la circunstancias de lo que conversamos recientemente, tenemos que revisar también respecto de los pasaportes", explicó el vocero de Lo Valledor.
"No estamos diciendo que no puedan ingresar los extranjeros; al contrario, ellos han constituido un aporte y lo que esperamos es que sí estén debidamente documentados para hacer su ingreso. Nada más", agregó.
Los otros tres puntos acordados entre el Ejecutivo y los mercados son: avanzar en el empadronamiento de los extranjeros que trabajen y que estén buscando regularizar su situación; sumar las cámaras de seguridad que cuenta Lo Valledor y La Vega a un piloto de monitoreo que mantiene el Gobierno a centros comerciales y municipios, con un nuevo sistema de televigilancia; y, avanzar en la instalación de detectores de metales, en el marco de la Ley de Seguridad Privada, que fue promulgada a mediados de marzo.
Todas estas medidas tendrán un seguimiento con un plazo al 15 de mayo próximo, cuando ambas partes se reunirán nuevamente para evaluar esta situación.
