Las acciones judiciales han sido presentadas por familiares de parte de los 156 fallecidos a causa del tsunami y de los 25 desaparecidos.
El Estado chileno ha desembolsado casi 6 mil millones de pesos en indemnizaciones.
A 10 años del terremoto del 27 de febrero de 2010, se han interpuesto en los juzgados civiles un total de 63 demandas indemnizatorias "por falta de servicio", ya que las autoridades no dieron la alerta de tsunami.
Las acciones judiciales han sido presentadas por familiares de parte de las 156 víctimas fatales del maremoto y de los 25 desaparecidos en el borde costero del centro y sur del país, según informa este lunes el diario El Mercurio.
De estas 63 acciones judiciales -como las informó a mediados del año pasado Cooperativa Regiones-, en la actualidad sólo están vigentes 23. Todas ellas se han presentado en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que defiende al fisco en esta arista civil del caso 27-F- en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán, Talcahuano y Concepción.
Las cuantías comprometidas -o indemnizaciones que se están solicitando- suman 84 mil 969 millones de pesos.
De las 63 presentaciones por la muerte de personas producto del tsunami, 50 se interpusieron en regiones. Hasta fines de enero, de estas solo estaban en tramitación 20 causas, mientras que por los 30 casos finalizados el fisco fue condenado a pagar 2 mil 668 millones 56 mil 698 pesos.
En los tribunales de Santiago se presentaron 13 causas. De estas acciones judiciales, se terminaron 10 y el fisco debió desembolsar 3 mil 242 millones 500 mil pesos, por lo que quedan en los tribunales para fallo tres vigentes.
En algunos casos, los familiares alegan falta de servicio de las autoridades de la Onemi y el SHOA, quienes no dieron la alerta de tsunami, por ello han pedido indemnizaciones por el daño moral que les causó la muerte trágica de sus seres queridos.
Hay otras demandas en las que se argumenta que los fallecidos escucharon por radio por parte de autoridades que no existía alerta de maremoto.
Esta arista civil es distinta a la penal que investigó la Fiscalía Metropolitana Occidente, la que terminó con el sobreseimiento de los seis acusados por cuasidelito de homicidio, entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de Onemi, Carmen Fernández.
