Se acusará de cohecho a dos abogados de la constructora y al ex director jurídico del Serviu.
El escándalo motivó las renuncias de la ministra Magdalena Matte y de Antonio Llompart, quien fuera director del Serviu Metropolitano.
Este mediodía ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se desarrollará la formalización de cargos contra los tres abogados imputados en el caso Serviu-Kodama.
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad José Morales imputará el delito de cohecho a Rafael Marambio, ex director jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, y a dos de los abogados de la empresa constructora, Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés.
Morales expondrá cómo los abogados de Kodama le pagaron un viaje a Buenos Aires al reconocido militante de Renovación Nacional, y también efectuaron otros pagos anteriores al 25 de marzo de 2011, cuando la entonces ministra de Vivienda Magdalena Matte firmó un decreto que autorizaba el pago de 17 mil millones de pesos a la firma a modo de compensación por los sobrecostos en los que incurrió durante la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago.
Marambio fue quien negoció la transacción y admitió haber viajado a la capital trasandina con los abogados de la empresa y uno de sus dueños, Kenji Kodama.
Antes de renunciar a su cargo el 19 de abril de 2011, Magdalena Matte detuvo el millonario pago.
"Se ha recopilado suficiente información para acreditar el delito de cohecho", dijo el jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, quien no descartó que se puedan establecer otros delitos y otros involucrados a futuro.
"Se ha pedido una audiencia de formalización para informar a ciertas personas que Posteriormente continúa la investigación. Ésta es la primera fase de las formalizaciones y no se descarta más adelante tomar otro tipo de decisiones", indicó Montes.
Caso emblemático
La investigación del caso duró dos años en medio de contradicciones de organismos sobre el pago que realmente correspondía a la empresa. Un informe del Dictuc contratado por Kodama consideró ajustada la cifra de 17 mil millones de pesos, mientras el Idiem de la Universidad de Chile realizó otro estudio pedido por el Ministerio de Vivienda, que determinó en sólo 2.132 millones de pesos el monto que debía ser pagado.
La Contraloría indicó, por su parte, que el Estado adeudaba a la empresa sólo 131 millones de pesos.
"Nos interesa mucho perseguir los delitos económicos, sobre todo si involucran algún fraude al Fisco o síntomas de corrupción, como ha pasado con grandes tiendas, lavado de dinero... Nunca en Chile se había perseguido con la eficiencia que lo está haciendo la Fiscalía", comentó a este respecto el jefe nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán.
"Si eso es una señal, bienvenida sea, porque la queremos dar: que esos delitos son igualmente repudiables que otros", señaló Chahuán, quien confirmó que "la Fiscalía Centro Norte está evaluando las figuras que corresponden y, por ahora, estima que son ésas (las de cohecho) las que corresponde formalizar".
La investigación del caso Serviu-Kodama ya tiene cinco tomos, ocho imputados y un proceso paralelo en el 16° Juzgado Civil capitalino, donde se tramita una demanda por nulidad de pago presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
En lo político, el caso motivó las renuncias de la ministra Matte y de Antonio Llompart, quien se desempeñaba en la época como director del Serviu y participó también en la firma del polémico acuerdo.
