La empresa criticó que no se respetaron los avances logrados en una mesa técnica iniciada en febrero.
"Una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema", cuestionaron.
Tras el anuncio de la expropiación de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, la inmobiliaria dueña del terreno acusó un trato "injusto y arbitrario" en su contra, lamentando que se haya dilatado el desalojo.
A través de un comunicado, la Inmobiliaria San Antonio expresó "su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada".
La empresa manifiesta que "durante seis años actuó conforme a la ley para recuperar su terreno usurpado. Teniendo un fallo de desalojo de la Corte Suprema, suspendió durante casi dos años su ejecución, en busca de acuerdos. Ahora, el gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin diálogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno, imputación que rechazamos tajantemente".
"En febrero pasado aceptamos conformar una 'mesa técnica', firmando un protocolo con el Gobierno para llegar a un acuerdo y suspendiendo por seis meses el desalojo. Se acordaron tres puntos en los cuales se debería avanzar: establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación, todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno en un solo acto", recalcaron.
El texto continúa detallando que "respecto del precio, la empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales. El gobierno, en tanto, estableció que los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas, que obtendrían un crédito del BancoEstado para comprar el terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación".
"La empresa espera conocer los planes del desalojo parcial y que éste se realice a la brevedad posible para que este anuncio realizado no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno. Una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema", lamentaron.
Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria dueña del terreno, criticó al Ejecutivo y señaló que "ahora el gobierno anuncia una expropiación sin diálogo y acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno".
"La empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales", fustigó.
Al respecto, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que "no hay un desalojo, vamos a ir haciendo el proceso en función de las familias que viven en la zona que no va a ser habitable".
"Entendemos que eso, en base a nuestro catastro, estamos hablando de aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad de las familias y quienes no quieran salir, ya resuelto de alguna forma una una base mínima de albergue, pero hoy día además tenemos una complejidad evidente respecto del uso de la fuerza pública", agregó.
