El ministro Hernán Larraín dijo que esta institución "es clave en la defensa del patrimonio fiscal", pero "ha quedado atrasada en sus estructuras y su funcionamiento".
La iniciativa elimina los cargos vitalicios de los consejeros y les impone nuevas obligaciones e incompatibilidades.
La acción judicial apunta a la adjudicación de dos millonarios contratos en la División Salvador de la minera estatal.
También está querellado por soborno el beneficiado con tales convenios, ex socio del hijo de Pizarro.
Juan Antonio Peribonio fue también intendente de la Región Metropolitana durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
María Eugenia Manaud sostuvo que uno de los factores tras las manifestaciones "guarda relación con la pérdida del respeto y confianza en las instituciones".
Por ello, abogó por "más prevención que la realizada y necesita sanciones más disuasivas de las que hoy tenemos".
La acción se da en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en el uso de gastos reservados de Carabineros.
Según se acusa en el documento, la ex subsecretaria de la institución "recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público".
Se logró acuerdo en 288 mediaciones llevadas a cabo por el Consejo de Defensa del Estado.
Un 37 por ciento de las denuncias corresponden a casos de invalidez parcial, un 29 por ciento a daño sicológico y otro 26 por ciento a muertes.
A juicio del Consejo de Defensa del Estado, el holding "solicita un trato excepcional con respecto a miles de empresas y personas".
Según el organismo que resguarda los intereses del Fisco, la demanda de la empresa "es improcedente".
El organismo apunta a incendios registrados en una obra en construcción en terrenos de la Universidad de Chile y en un acceso a la estación Baquedano.
La acción del Consejo de Defensa del Estado contempla delitos establecidos en la Ley de Control de Armas e incendio.
El recurso es por los delitos de violación de secreto, delito informático y violación de secreto de particulares.
La querella quedará en manos del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien evalúa la posibilidad de formalizarlo por violación de secreto.
La institución aseguró que revelar dichos antecedentes sobre Julio Leiva atenta contra la seguridad nacional.
El asunto escaló hasta la Corte Suprema, que debe zanjar la controversia.
El organismo se suma a la familia del ex Mandatario, que también pidió recalificar el delito como homicidio calificado.
La acción judicial es por fraude al Fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible.
Se investigan supuestos vínculos de Miguel Ángel Aguilera con el narcotráfico y pagos de sueldos a personas que no prestaban servicios.
Está dirigida contra un funcionario de la jefatura de adquisiciones que obtuvo 27 millones de pesos mediante facturas falsas.
La cartera espera que se evalúen posibles acciones legales contra la institución o sus representantes.
Hay al menos dos mil millones de pesos del Estado involucrados en conceptos de becas.
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