"Existe una institucionalidad que está funcionando y que pesquisa y encuentra esos casos", subrayó el titular de Economía.
La Fiscalía Nacional Económica acusó colusión de las empresas de valores Prosegur, Brinks y Loomis entre 2017 y 2018.
Palacios destacó que la FNE también "puede querellarse penalmente contra los involucrados".
El ministro de Economía, Lucas Palacios, admitió que el nuevo caso de colusión denunciado provoca "rabia" en la ciudadanía, pero también valoró que el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica demuestra que la institucionalidad "funciona" y es capaz de detectar estos casos.
La FNE denunció a las empresas de transporte de valores Prosegur, Brinks y Loomis por haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018, por lo que pidió al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que se apliquen sanciones totalizadas en 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a 63,4 millones de dólares.
"Produce duda y rabia que existan estas conductas colusorias", expresó Palacios.
"Pero por otro lado produce la tranquilidad de que existe una institucionalidad que está funcionando y que pesquisa y encuentra esas colusiones. Me parece muy importante que la FNE esté haciendo su trabajo", resaltó.
Puntualizó, además, que "este es el primer caso posterior a la nueva ley" que sanciona con penas de cárcel estos casos.
Por ello, "después si el juicio (ante el TLDC) sale con condena, entonces la Fiscalía Económica, en base a las nuevas prerrogativas que tiene, puede querellarse penalmente contra las personas involucradas en la colusión", remarcó Palacios.
Las mayores multas solicitadas por la FNE son para Brink's Chile S.A., por 39.325 UTA, correspondientes a 30,5 millones de dólares; y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A., por 33.253 UTA, equivalentes a 25,8 millones de dólares. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.
