El presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó otro flanco que se le abrió al Gobierno tras anunciar la Estrategia Nacional del Litio: la eventual falta de beneficios y de consulta a los pueblos atacameños, dado que la extracción suele realizarse en las cercanías de los sectores que ellos habitan.
En El Diario de Cooperativa, el senador pidió consultar la experiencia internacional para elaborar "una política pública que funcione y, sobre todo, para que le traiga más recursos a los chilenos, porque una cosa es darle al Estado la mayoría de los recursos -que es lo que establece la ley-, y otra muy distinta es entregarle las decisiones corporativas sobre empresas, porque eso desincentiva la participación de privados, que finalmente arriesgan todos sus recursos en exploración y explotación".
"El mayor productor del mundo es Australia, que tiene un 55% de la producción mundial, y tiene una política que promueve la participación y la competencia privada en la explotación del litio", mientras que "el Estado apoya con actividades de investigación y desarrollo a nivel local", observó.
Considerando tal ejemplo, Macaya afirmó que "el Estado empresario ha fracasado en actividades de este tipo en muchos lugares del mundo", y específicamente, "en Chile está al debe" dada la trayectoria de entidades como la Empresa Nacional de Minería (Enami), "que está prácticamente quebrada". En contraste, "solamente dos empresas privadas que extraen litio en Chile le produjeron el doble de recursos al Estado por la vía de la explotación: SQM y Albermarle".
Para el gremialista, implementar una estrategia como la que propone el Gobierno "se trata de que los privados pongan los recursos, y que al Estado de Chile le llegue de vuelta un cheque importante todos los meses con los impuestos, con las regalías, con lo que se entrega incluso a los pueblos originarios".
"Hay una disputa ahí -acotó- porque las empresas entregan (esos dineros) a comunidades indígenas. Hay harta regalía, harto beneficio que viene de la explotación del litio, y no sé si empresas públicas como la Enami, que están prácticamente quebradas, terminan entregando igual calidad de beneficios".
El líder del Consejo de Pueblos Atacameños, Vladimir Reyes, remarcó en El Mercurio que "siempre hemos sido de la opinión de que, como actores principales y habitantes del salar, tenemos muchas cosas que decir", y por tanto, "esperábamos que primero el Gobierno se hubiera sentado con nosotros, y no que el Gobierno nos venga a hablar".
Si bien es posible que los representantes se reúnan con las autoridades en breve, no hay una fecha definida por el momento. Esto también fue cuestionado por el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien instó al Presidente Boric a cumplir su compromiso de contar con "una amplia participación de la región", ya que "hasta ahora no hemos visto eso".
