La Sala del Senado aprobó este jueves la partida presupuestaria del Ministerio de Salud, tramitación que estuvo marcada por un intenso debate respecto a la situación de las isapres, que enfrentan dos complejos fallos emitidos por la Corte Suprema: el de tabla de factores de riesgo y el de las primas GES.
Los recursos para esta cartera crecerán un billón de pesos en 2024 -8% más que lo entregado en 2023-, y los parlamentarios celebraron que se llegó a acuerdos transversales en materia de listas de espera, salud mental y atención primaria.
Uno de los asuntos que puso en aprietos al Gobierno en este ámbito fue el despido de 6.000 funcionarios que llegaron a la red hospitalaria durante la pandemia, lo cual se resolvió mediante tres caminos.
En primer lugar, se dispondrá 2.500 cargos directos para absorber a ese personal, y además, estos trabajadores tendrán prioridad -mas no exclusividad- para llenar más de 4.000 otros cargos para proyectos de expansión, y las eventuales vacantes que genere el incentivo al retiro.
RECRIMINACIONES POR LAS ISAPRES
Durante su intervención, el senador Javier Macaya (UDI) aseveró que "en lo que ocurre en materia de isapres hay responsabilidad de los gobiernos anteriores, hay una responsabilidad muy relevante particularmente de la Corte Suprema, y de este propio Parlamento".
"Creo que no se ha dimensionado la crisis que va a vivir la salud en caso del colapso del sistema de isapres. (Los afiliados) van a pagar con su salud y, en casos más dramáticos, con su vida", agregó el timonel gremialista.
Lo argumentado por Macaya -que no mencionó culpabilidad de las propias aseguradoras privadas- irritó a su par del PS José Miguel Insulza, quien subrayó que "lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue simplemente decirles que tenían que devolver dinero mal habido; las isapres repartieron utilidades de más y quebraron a las isapres".
"Ahora hay que rescatarlas -fustigó- para que la gente que cometió el error de afiliarse a isapres tenga alguna salud, pero, por favor, no dejemos de reconocer la estafa que fue esto, que es parecida a la del 83 (en el caso de la banca). Las prácticas del rescate, diciendo que 'la gente va a ser víctima', son habituales en este país".
IMPLEMENTACIÓN DEL FALLO GES
Por lo pronto, en el Congreso también se tramita la ley corta propuesta por el Ejecutivo que busca viabilizar la implementación de ambos fallos. No obstante, no se prevé que pueda estar lista antes de mayo próximo.
En ese marco, desde el Senado se ha planteado la posibilidad de ajustar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), a través de la ley de reajuste al sector público -que suele contener disposciones misceláneas-, para permitirles a las aseguradoras fijar precios a fin de compensar la caída de ingresos.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, apuntó que, "primero, debemos tener los escenarios de cómo va a evolucionar la situación financiera y cuándo se empiezan a afectar los indicadores, y estamos en eso, trabajando con la Superintendencia para ver los cursos de acción y qué es lo más oportuno".
"Recordar que esta sentencia no es igual a la de la tabla de factores, donde se exigía una devolución de varios años hacia atrás, sino que lo que se pide es que se deje de cobrar una cantidad que se considera excesiva, y eso es lo que las personas van a percibir en su cuenta cuando las isapres comiencen a notificar a los empleadores, que va a ser en un par de meses más", adelantó la autoridad sanitaria.
