El diputado socialista Marcos Ilabaca acusó al Gobierno de intentar ejercer control sobre el Ministerio Público, órgano constitucionalmente autónomo, a través del proyecto de Presupuesto 2027.
"Yo creo que esa norma es inconstitucional. No puede el Ejecutivo, a través de las modificaciones presupuestarias, tener control sobre un órgano autónomo constitucionalmente", afirmó el parlamentario, quien sostuvo que "lo que busca el Gobierno es controlar, en particular, la Fiscalía Supraterritorial".
La controversia se originó por las modificaciones introducidas por el Ejecutivo a la partida presupuestaria del Ministerio Público. Por primera vez, la propuesta contempla dividir los recursos del organismo en dos programas, uno de los cuales estará destinado específicamente al financiamiento de la Fiscalía Supraterritorial.
De acuerdo con los reparos planteados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, esta estructura podría limitar la capacidad para reasignar internamente sus recursos durante el año. Por ejemplo, si la institución necesitara fondos adicionales para trasladar fiscales al extranjero, debería solicitar autorización a la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Valencia calificó esta situación como "gravísima" y afirmó que "no se está advirtiendo la consecuencia" que, a su juicio, implica para la autonomía del órgano persecutor.
En esta jornada, la jefa del Departamento Presupuestario del Ministerio Público, Mónica Naranjo, profundizó que "el decreto que nos entregaba los fondos para este año fue representado (frenado) por la Contraloría General de la República, precisamente por intentar crear este programa 02, al señalar que implicaría que toda adecuación o reasignación de recursos entre una Fiscalía y las demás unidades de la institución requerirían la intervención de la Dipres, lo que afectaría el manejo y la capacidad de gestión autónoma de los recursos y divisiones institucionales del Ministerio Público".
"No obstante, en el proyecto de ley de Presupuesto 2027 se insiste con la generación de este programa 02", relevó la funcionaria.
Cuestionada implementación de la Fiscalía Supraterritorial
Otro de los puntos de preocupación es la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, creada para abordar investigaciones de alta complejidad, particularmente aquellas vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico.
La ley establece que el Ministerio Público debe incorporar 20 nuevos fiscales durante el próximo año, con la intención de contar con ellos a partir de abril. Sin embargo, el diseño presupuestario contempla recursos para contratar inicialmente a ocho fiscales en junio y a los 12 restantes recién en diciembre.
Ilabaca cuestionó que esta planificación pueda retrasar el fortalecimiento de la institución y criticó los recursos contemplados para la Fiscalía Supraterritorial.
"Además del recorte de 1.500 millones de pesos en Fiscalía Supraterritorial, están diciendo que la implementación que debería ser en enero del año que viene va a ser en diciembre; es decir, el año 2027 no existe refuerzo para el Ministerio Público. Vamos a llevar adelante un combate frontal al narcotráfico y el crimen organizado, pero al principal órgano persecutor penal le decimos: '¿Sabes qué? No tienen plata'. Entonces eso también es grave", señaló.
Si bien su par libertario Pier Karlezi admitió que "hay graves deficiencias en la estructuración del Presupuesto para Fiscalía", descartó que esto sea "una forma de control: lo que pedimos es que haya responsabilidad, y faltan medidas de control en lo que se refiere a gastos".
Oficialismo defiende controles, pero advierte falta de recursos
Desde el oficialismo, el diputado republicano Fernando Ugarte descartó que exista una intención de intervenir en la autonomía del Ministerio Público y sostuvo que las modificaciones buscan establecer mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos.
No obstante, también expresó preocupación por el calendario previsto para el fortalecimiento de la Fiscalía y por la falta de financiamiento para determinadas áreas de alta complejidad.
"¿Por qué las contrataciones de fortalecimiento llegan a diciembre? Esa es mi preocupación. No me solucionan ningún problema. Tengo otros meses que quedan descubiertos, porque, si solo vamos a cumplir con la ley, a jugar en esa misma línea, no me parece", cuestionó.
El parlamentario agregó que las investigaciones vinculadas al crimen organizado requieren recursos adicionales debido a la complejidad y el alto costo de las pericias involucradas.
"Requiere peritaje y yo creo que ahí nos falta un bolsillo extra para este tipo de gastos, que no son gastos comunes y que deben ser gastos cuantiosos", sostuvo.
En medio de estas diferencias, la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio Público quedó pendiente de aprobación. Las observaciones planteadas por el fiscal nacional y los parlamentarios deberán ser abordadas por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Preocupación por glosa sobre datos personales
En paralelo, también ha generado inquietud una glosa incorporada en todas las partidas que contemplan beneficios estatales -Salud, Educación, Desarrollo Social, entre otras-, la cual reza: "Al solicitar algún beneficio o prestación, los solicitantes facultan el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la administración para verificar el buen uso de los recursos públicos".
Para el abogado Marcelo Drago, especialista en protección de datos personales, "fiscalizar el gasto social es totalmente legítimo, pero eso se hace con una ley que diga qué datos se usan, quién accede a ellos, y con qué garantías, y no con una glosa del Presupuesto".
"La protección de datos personales es un derecho constitucional. Por eso, cuando el Estado quiere limitarlo (el gasto público), tiene que hacerlo con reglas claras y resguardos, y creo que esta glosa no se condice con eso", insistió el experto.
Por lo pronto, la senadora DC Yasna Provoste se propuso convencer a sus colegas para que esta glosa sea rechazada.
