La Superintendencia de Pensiones multó a la AFP Provida por 4.800 UF -cerca de 140 millones de pesos- por entregar pensiones fraudulentas en 2019 a 27 afiliados, cuyos datos fueron adulterados por dos funcionarios desvinculados ese mismo año.
Según consigna La Tercera, los ex ejecutivos lograron habilitar los giros cambiando la fecha de nacimiento de cotizantes de entre 27 y 62 años, es decir, ninguno había cumplido la edad legal para pensionarse por vejez, y de hecho, la mayoría estaba a más de una década de jubilarse.
"Provida incumplió de manera grave sus deberes respecto a uno de los pilares que sustentan el funcionamiento de las AFP y del sistema de capitalización individual, que es la debida custodia de los fondos de pensiones y velar por el cumplimiento de los requisitos legales para la obtención de los beneficios o prestaciones previsionales", advierte la resolución de la Superintendencia.
Por lo demás, el regulador dice haber "observado en el presente proceso sancionatorio una falta de medidas de seguridad para el correcto otorgamiento de los beneficios previsionales, los cuales facilitaron la obtención indebida de los montos contenidos en las cuentas obligatorias de capitalización individual".
DESCONOCIDO PARADERO DE ALGUNOS MONTOS
"Todo ello se tradujo en el retiro de más de 300 millones de pesos de las cuentas de capitalización individual obligatorias de 18 afiliados, y la entrega de casi 100 millones de pesos, de los montos de dichas cuentas, a personas distintas de su titular", apuntó, pues en algunos casos el dinero no llegó necesariamente a las cuentas bancarias de quienes vieron falsificadas sus edades.
De todos modos, la multa cursada pudo ser de 6 mil UF -poco más de 174 millones- de no ser porque la propia administradora informó a la Superintendencia sobre lo ocurrido en octubre del 2019, detallando que a 18 personas con datos adulterados se les pagó el dinero -incluyendo períodos retroactivos-, mientras que lograron detener los pagos de los nueve afiliados restantes.
Como detalla el escrito del regulador, en cuatro casos no fue el dueño de la cuenta quien cobró el monto; incluso, solo una de esas sumas fue transferida a la hija del afiliado, mientras que las demás llegaron a manos de personas que no tenían parentesco con los cotizantes, fondos que posteriormente fueron restituidos por Provida.
En tanto, tres de los 27 afiliados tendrían que haber ingresado al Sistema de Consultas y Ofertas de Monto de Pensión (SCOMP) para pensionarse una vez cumplida la edad legal, lo que tampoco se realizó.
QUERELLA CONTRA EJECUTIVOS
Durante la investigación, el regulador tomó declaraciones a funcionarios de Provida, concluyendo que la AFP "mantuvo los expedientes de trámites de pensión sin haber contado con medidas de seguridad necesarias para asegurar el correcto otorgamiento de los beneficios previsionales".
Por tanto, además de desvincularlos de la empresa, la administradora presentó una querella criminal ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los ex ejecutivos, y de todos quienes resulten responsables de los delitos de fraude previsional y estafa, al igual que de cualquier otro ilícito que sea determinado en la indagatoria que lleva la Fiscalía.
De acuerdo a la acción legal, Provida indica el cambio de edad realizado por los funcionarios "y, en algunos casos, de género de ciertos afiliados, y procedieron a realizar solicitudes de jubilación con el objetivo de apropiarse ilícitamente de las pensiones de vejez de manera adelantada, lo que ha causado un perjuicio de aproximadamente 329 millones 415 mil 61 pesos″.
