El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reculó este martes y aclaró que, al menos en su gobierno, no tienen antecedentes de que las pandillas criminales de ese país, conocidas como "maras", hayan llegado a Chile.
El régimen de excepción vigente desde hace casi diez meses ha hecho que "el crimen organizado vaya buscando desplazarse y una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América", había sostenido Ulloa en una nota publicada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, añadiendo -sin precisar fuentes- que "ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile y otros países del sur están siendo objeto de desplazamiento".
Tras ello, la autoridad del gobierno de Nayib Bukele habló del tema hoy con la chilena radio Duna, donde rectificó: "No tenemos ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho afirmar una situación de esa naturaleza", aclaró.
"Lo más que hay son los medios que informaron sobre la preocupación que había en Chile por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas estructuras criminales y que pudieran estar asociadas a estas maras", puntualizó, enfatizando que no existe "nada oficial, nada que pueda vincular una decisión política de Estado o de gobierno sobre el tema".
La alarma había saltado en nuestro país hace tres semanas, cuando la Policía de Investigaciones solicitó una sesión secreta a la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el fin de abordar el ingreso de este grupo criminal, que opera en países como El Salvador, Honduras y Guatemala.
Sin embargo, el prefecto inspector Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, apuntó días después que "no existen antecedentes para decir que como estructura este grupo se encuentre insertándose en el país o instalándose con alguna mirada de iniciar operaciones criminales determinadas".
"La verdad es que no tenemos la dinámica de maras en nuestro país. Si la tuviéramos, todos lo sabríamos. No son fenómenos de bajo perfil. Otra cosa es que haya investigaciones y una especial atención en personas que han estado vinculada", reafirmó luego la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD).
El gobierno de Bukele mantiene vigente un régimen de excepción desde finales de marzo pasado, aprobado por el Congreso -y ya ampliado en 10 ocasiones- tras una escalada de asesinatos atribuidos a la pandillas.
Bajo esta medida El Salvador ha pasado a ser "el país más seguro de América Latina", según Bukele. Para organzaciones como Human Rights Watch y Cristosal, sin embargo, durante este período "se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos", entre ellas detenciones "arbitrarias masivas", torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales "abusivos".
