Miguel Ángel Gerónimo fue detenido cuando éste declaraba como testigo en el juicio.
El accidente en Buenos Aires dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos en febrero de 2012.
El juicio por la denominada "tragedia de Once" comenzó en marzo pasado.
La Justicia de Argentina ordenó este martes detener por falso testimonio al guarda del tren que en febrero de 2012 se accidentó en la terminal ferroviaria de Once, en Buenos Aires, con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la detención de Miguel Ángel Gerónimo cuando éste declaraba como testigo en el juicio que se sigue por el accidente, según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia oficial Télam.
La decisión del tribunal se produjo porque Gerónimo se resistió a declarar sobre si la formación siniestrada se había pasado en distintas estaciones antes de llegar a la terminal de Once, tal como lo habían declarado otros testigos.
En el proceso están acusados, entre otros, los exsecretarios de Transporte argentinos Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que niegan su responsables en el accidente.
El juicio por la denominada "tragedia de Once" comenzó en marzo pasado y además de Jaime y Schiavi hay otros 27 procesados, entre ellos el maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba.
También afrontan este juicio los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, acusados de presunta "asociación ilícita" y "descarrilamiento de un tren agravado".
El juicio
La "tragedia de Once" se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento se empotró contra un andén de la estación porteña de Once, en la hora punta de la mañana.
En la etapa de investigación la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con "graves deficiencias" por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.
Seis días después del siniestro, el gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera actualmente bajo gestión estatal.
Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, investiga el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.
