El informe apunta principalmente a la responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres.
Los ataques golpistas del 8 de enero pasado contra las instituciones del Estado en Brasil fueron resultado de una "cadena de coincidencias", que incluyen graves fallos de seguridad, según un informe que presentó el Gobierno este viernes.
Al presentar el informe, el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, afirmó que cree en la existencia de una "conspiración", pero admitió que "no es fácil probar" esta hipótesis.
"En la mejor de las hipótesis, faltó dirección y responsabilidad. Pero el conjunto de coincidencias puede configurar algo mucho más grave", dijo en una rueda de prensa Cappelli, quien está a cargo de la seguridad de Brasilia desde después de los ataques.
El informe, que fue entregado al Tribunal Supremo, trata de aclarar el papel de los órganos de seguridad en relación a los ataques, perpetrados por miles de bolsonaristas radicales contra las sedes del Gobierno, del Legislativo y de la Corte Suprema.
En especial, el informe apunta la responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien también fue ministro de Justicia en el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y está arrestado desde el pasado 14 de enero.
Cappelli afirmó que Torres "generó inestabilidad" en los órganos de Seguridad de Brasilia porque, nada más asumir el cargo el 1 de enero, cesó a varios comandantes y permitió que otros salieran de vacaciones.
El propio Torres viajó a Estados Unidos antes de los ataques, aunque oficialmente iba a tomarse vacaciones el 9 de enero.
Dos días antes de los ataques, Torres recibió un informe de inteligencia que exponía la existencia de "una amenaza concreta" y anticipaba los planes de los bolsonaristas de invadir la sede de los tres poderes, pero no se puso en marcha un plan de seguridad especial.
Según las conclusiones del informe, esos ataques fueron "planificados" en el campamento montado por los ultraderechistas frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, en donde en vísperas de la invasión se congregaron en torno de 4.000 personas.
Cerca de 1.800 personas fueron arrestadas por su supuesta implicación en los ataques, aunque cerca de la mitad responderán a la Justicia en libertad.
El Tribunal Supremo incluyó a Bolsonaro en la lista de investigados, para aclarar si instigó a sus seguidores a perpetrar los ataques, que pretendían derrocar al presidente Lula, quien asumió el poder el 1 de enero.
