Las máximas autoridades de la Justicia y la Fiscalía cubana negaron que estén procesando en juicios sumarios a detenidos por las protestas del 11 de julio. Además confirmaron que hay menores de edad investigados y que eventualmente recibirán sanciones con "tratamiento diferencial".
"No son procedimientos sumarísimos. La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores", dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en una conferencia en La Habana
Familiares de detenidos en las manifestaciones denunciaron esta semana que se están llevando a cabo supuestos juicios sumarios en los que algunos acusados no cuentan con un abogado y que no reciben información o lo hacen cuando el juicio ya se realizó.
Delitos menores
El presidente del TSP explicó que a los tribunales han llegado "sobre todo delitos de menor entidad" como desorden público, lesiones leves o desacato, que tienen previstas desde sanciones administrativas o multas hasta penas de un año de prisión.
De momento se han realizado 19 procesos judiciales que involucraron a 59 personas, según señaló la autoridad.
"Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa", dijo Ramigio, agregando que en estos casos la ley permite que el acusado decida si nombra o no a un abogado.
Ferro insistió en que la justicia cubana "cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales" y criticó que "ha habido el propósito de desacreditar la legitimidad, independencia e imparcialidad con que actúan los tribunales y los jueces cubanos".
"El hecho de que los juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales", acotó por su parte la fiscal general de Cuba, Yamila Peña.
A su vez, la Fiscalía mantiene abierta la investigación de "un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad" en los que "se pretende determinar la responsabilidad de cada persona".
No hay cifras oficiales
Casi dos semanas después de las protestas antigubernamentales las autoridades no han divulgado la cifra oficial de detenidos o procesados, por lo que la única referencia son los listados que grupos de activistas y organizaciones independientes están recopilando y haciendo circular en las redes sociales.
La ONG de abogados Cubalex, por ejemplo, ha difundido un listado preliminar de detenidos que a 21 de julio recogía 584 nombres, de los que se verificó la detención de 150 y la liberación de 91.
En aquellos listados aparecen varios menores de edad de entre 15 y 17 años, entre ellos una joven de 17 años, Gabriela Z. que según su familia fue condenada a ocho meses de prisión por desorden público.
Sobre la detención y procesamiento de menores, la máxima autoridad del Tribunal Supremo enfatizó en que la edad penal en Cuba son los 16 años. Sin embargo precisó que al juzgar y condenar a jóvenes de 16 a 20 años "hay procedimientos especiales, tratamiento diferencial según el Código Penal" y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
"Ha habido algunos menores, se está investigando. Son pocos y estamos evaluando", indicó la fiscal general sobre este tema.
La amnistía corresponde al Gobierno
Respecto a aquellos que solicitan una amnistía para los detenidos en las protestas, Rubén Remigio consideró que se trata de una decisión política que corresponde al Gobierno y "tiene su momento".
"Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas", recalcó. En tanto la fiscal general aclaró que "no es lo que corresponde" debido a que las investigaciones se encuentran en curso.
Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria. En esta oportunidad y con la pandemia fuera de control, una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, los cubanos decidieron salir a las calles para criticar al Gobierno.
Por su parte, las autoridades insisten en culpar a Estados Unidos manifestaciones y de la extrema escasez que sufre el país.
