Jorge Manuel Mirra Neto, de nacionalidad portuguesa, voló a Chile desde Madrid esta semana, pero fue devuelto después de que la PDI lo detuviera a petición de Interpol.
Líbano le acusa de terrorismo, al haber supuestamente internado la carga que ocasionó la catastrófica detonación hace casi dos años.
Un ciudadano portugués reclamado por Líbano en relación a la explosión que el 4 de agosto de 2020 provocó más de 200 muertos en el puerto de Beirut quedó en libertad en España, con medidas como la prohibición de salir del país, después de haber sido devuelto a Madrid desde Chile.
Fuentes jurídicas informaron este jueves a Efe de que la Audiencia Nacional de España decidió dejar en libertad a Jorge Manuel Mirra Neto, de 43 años, después de ser arrestado en el aeropuerto de Madrid tras ser devuelto por las autoridades chilenas.
Este hombre había llegado al Aeropuerto de Santiago el miércoles en un vuelo procedente de Madrid, pero fue devuelto por la Policía de Investigaciones (PDI) en virtud de una orden de Interpol, al estar reclamado por las autoridades del Líbano por sospecha de "internar elementos explosivos" en ese país que pudieron ocasionar la explosión en el puerto de Beirut.
Un juez de la Audiencia Nacional española acordó, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, su libertad con las medidas cautelares de prohibición de salida de España, entrega de su pasaporte y obligación de comparecer semanalmente ante la Justicia.
Líbano le acusa de un delito de terrorismo y tenencia de explosivos castigado en el país con una pena máxima de cadena perpetua, al considerarlo responsable de introducir explosivos que pueden estar relacionados con la explosión en el puerto de la capital libanesa que causó más de 200 muertos y cerca de 6.500 heridos.
Los cientos de toneladas de nitrato de amonio que explotaron llevaban años almacenados en el puerto sin medidas de seguridad y líderes como el presidente libanés, Michel Aoun, y el entonces primer ministro, Hasan Diab, reconocieron que sabían de su existencia.
Casi dos años después del desastre, la investigación sigue abierta sin apenas avances, debido a lo que diversas organizaciones por los derechos humanos consideran una obstrucción deliberada por parte de ex altos cargos sospechosos en el caso.
