Luego de meses de discusión, la iniciativa fue visada en el Senado y la Asamblea Nacional.
Ahora sólo restan trámites para que entre en vigor.
El controvertido proyecto de ley sobre inmigración obtuvo el miércoles su aprobación en las dos cámaras del Parlamento francés, lo que constituyó el último paso antes de su entrada en vigor.
Tras varios meses en los que el texto ha pasado en primera y segunda lectura en ambas cámaras, la propuesta de una comisión mixta formada por siete senadores y siete diputados fue aprobada en la Asamblea Nacional por 297 votos a favor y 193 en contra, mientras que en el Senado el texto fue visado con 182 votos a favor y 151 en contra.
El gobierno planteó este proyecto con el objetivo de mejorar la lucha contra la inmigración irregular y contra los empresarios que contratan a extranjeros sin papeles, así como para reforzar su política de integración.
El proyecto, que endurece la lucha contra los indocumentados, recoge los principales puntos del discurso sobre inmigración pronunciado el pasado julio por el presidente, Nicolas Sarkozy, que abrió la campaña de intensificación de las expulsiones de gitanos del país.
Disposiciones de la normativa
La comisión mantuvo la eliminación de una de las propuestas más polémicas, sobre la extensión de retirar la nacionalidad francesa -por el momento reservada a culpables de actos de terrorismo-, a los naturalizados hace menos de 10 años que atenten contra las fuerzas del orden.
Otro de los puntos que más debate ha suscitado, el de la posibilidad de que extranjeros con alguna afección grave obtengan el permiso de estancia durante el tiempo necesario para su tratamiento, se saldó con la decisión de no concederlo más que en caso de ausencia de cuidados adecuados en el país de origen.
Se contempló no obstante que la administración competente pueda tener en cuenta "circunstancias humanitarias excepcionales" tras haberlo consultado con el director general de la agencia regional de sanidad.
Ese proyecto sobre "inmigración, integración y nacionalidad", contempló igualmente que el extranjero dispone de un plazo máximo de 30 días desde la notificación de su expulsión, salvo que se decida que debe abandonar el país inmediatamente, como en los casos en los que se considere que su comportamiento constituye una amenaza para el orden público.
