Los sindicatos votarán la prolongación de la movilización, al menos, hasta el sábado, para forzar un diálogo con el Ejecutivo de Sarkozy sobre su reforma previsional.
Millones de franceses tuvieron por tercer día consecutivo serios problemas para desplazarse a sus trabajos y centros de estudio a raíz de la huelga del transporte público terrestre, pese al debilitamiento de la protesta.
El paro contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones se dejó sentir una vez más en la compañía de ferrocarriles SNCF y en la entidad del transporte metropolitano de París RATP, aunque el número de huelguistas era inferior a los días anteriores, de acuerdo a informes de la dirección de ambas empresas.
En cualquier caso, en la SNCF este viernes sólo estaban programados 250 trenes de alta velocidad de los 700 de un día normal, 20 por ciento del resto de los trenes de largo recorrido y un tercio de los regionales.
En cuanto a la RATP, esta jornada circulaba en torno al 20 por ciento de los metros, aunque algunas líneas habían estado completamente paradas a primera hora; y alrededor del 30 por ciento de los autobuses de la región estaban en servicio y una proporción similar de trenes de cercanías, aunque la situación variaba notablemente de una línea a otra.
Como en los días anteriores, la consecuencia de todo eso era un tráfico rodado mucho más denso de lo habitual tanto en la capital francesa como en toda su región.
El paro tiene visos de continuar, ya que la dirección de los sindicatos pidió el jueves a las asambleas generales que deben celebrarse este viernes que voten la continuación hasta, al menos, el sábado.
Las centrales pretendían así forzar al Gobierno a una reunión para fijar el marco de la negociación en las empresas sobre la que parecía haberse conseguido un consenso desde el mismo miércoles.
El paro está convocado contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones, a los que cotizan alrededor de medio millón de trabajadores, esencialmente en la SNCF, en la RATP, en las empresas públicas de energía (EDF y GDF), y los secretarios de notaría.
El Gobierno quiere aumentar el periodo de cotización que da derecho a una pensión completa de los 37,5 años actualmente a 40 años para equiparar a los beneficiarios de esos regímenes con los funcionarios y los trabajadores del sector privado. (EFE)
