Fue construida por una empresa "que recibió lucrativos contratos gubernamentales" desde que el presidente era gobernador del estado de México.
La morada está avaluada en siete millones de dólares.
El presidente Peña Nieto enfrenta otra polémica, la que se suma al presunto asesinato de 43 estudiantes en Iguala.
Un informe publicado este domingo en México que alega que el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa poseen una casa avaluada en 7 millones de dólares en un lujoso barrio de la Ciudad de México ha provocado una nueva controversia en el país.
Según la investigación, publicada el domingo en Aristegui Noticias, la casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación esta semana del tren de alta velocidad México-Querétaro.
El contrato fue revocado días después, de manera sopresiva, por el gobierno mexicano.
Según el artículo, las tres empresas mexicanas que iban a participar en el consorcio ferroviario, liderado por China, estaban "vinculadas estrechamente al PRI (partido en el poder) y al presidente Enrique Peña Nieto".
"Contratos lucrativos"
Además del contrato del tren rápido, argumenta la investigación, Grupo Higa está afiliado a una empresa "que recibió lucrativos contratos gubernamentales" desde que el presidente era gobernador del estado de México.
En respuesta al artículo, el portavoz presidencial, Eduardo Sánchez, divulgó en Twitter una nota informativa en la que se indica que la esposa de Peña Nieto, la exactriz Angélica Rivera, contrató a la compañía inmobiliaria para adquirir la propiedad en su nombre y que ella "ha estado pagándola".
"Una vez se cubra el monto total del adeudo –señala la nota–, la parte vendedora otorgará la escritura pública a favor de la señora Angélica Rivera Hurtado, configurándose así la traslación del dominio a favor de ella".
Rivera "es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal", dijo el comunicado.
El supuesto conflicto de intereses surge en un momento complicado para el gobierno de México, que ha enfrentado semanas de indignación popular por la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerreroe.
El viernes el procurador general dio detalles del caso y aseguró que el probable asesinato fue perpetrado por autoridades y policía local en colusión con miembros de carteles de droga.
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