Cuatro muertes de manifestantes en menos de un mes dejaron este jueves en una situación muy delicada al Gobierno del presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, quien llegó al poder condenando la mortal represión de su antecesor, Manuel Merino, a las masivas manifestaciones de noviembre en su contra.
Las dos últimas muertes, entre ellas la de un menor de edad, ocurrieron el miércoles después de que miles de trabajadores del sector agrario retomaran los bloqueos en la Carretera Panamericana para reclamar mejores condiciones laborales, lo que elevó a cuatro las víctimas mortales de este conflicto abierto hace casi un mes.
La causa de las muertes apuntan presuntamente a disparos de la Policía, cuya actuación difiere de la renovación prometida por el Gobierno de Sagasti después de los graves abusos policiales reportados durante las masivas protestas contra Merino, donde murieron dos jóvenes manifestantes.
En su ceremonia de toma de mando, donde invitó a las familias de Inti Sotelo y Jack Pintado, los dos jóvenes fallecidos en las protestas contra su antecesor, Sagasti enarboló la bandera del derecho a la protesta, condenó la actuación policial y prometió que no se repetirían los abusos policiales, en especial el uso de armamento no permitido, como disparar canicas o perdigones de plomo.
Para ello renovó a toda la cúpula policial, lo que supuso el retiro de la institución de 18 generales, una polémica decisión que también le obligó a cambiar al ministro del Interior, contrario a esos cambios.
CAMBIOS SIN EFECTO
Pese a esos cambios y la creación de una comisión para reforzar el respeto a los derechos por parte de los policías, las muertes se han seguido sucediendo en las distintas intervenciones de la Policía, que presuntamente se saltó los protocolos y utilizó armamento prohibido en sus protocolos para dispersar protestas.
Así quedó evidenciado en varias imágenes, como una fotografía difundida por la Agencia Efe donde se aprecia en primer plano a un agente de la Policía Nacional disparar una pistola durante los enfrentamientos del miércoles en la región de La Libertad con los trabajadores agrarios que bloqueaban la Carretera Panamericana.
"Esa fotografía realmente nos ha devastado. Nos ha dado muy fuerte porque no esperábamos ver una cosa así", admitió en declaraciones a medios locales el ministro del Interior, José Elice, quien aseguró que ya están bajo investigación los hechos ocurridos este miércoles.
El titular de la cartera del Interior recordó que "está prohibido utilizar armas letales en circunstancias como las que hemos visto" y, aunque aclaró que nunca dio una orden de ese tipo, se señaló a sí mismo como el "responsable político" de estos hechos
"Es una posibilidad evaluar la renuncia. Aquí en Perú suele suceder que quienes asumen estos cargos se aferran a él, pero no es mi caso. Estoy listo para dejarlo si es necesario", apuntó.
Sin embargo, Elice recordó que no es legal que los manifestantes bloqueen la Carretera Panamericana, el principal eje de transporte y comunicación del país y el único que recorre longitudinalmente el país de norte a sur, por lo que supone afectar la circulación de otras personas, alimentos y medicamentos.
Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes agrícolas, que rechazan el nuevo régimen laboral.
INVESTIGACIONES AÚN SIN RESULTADOS
Las dos últimos muertes de estos manifestantes están bajo investigación de la Fiscalía y de un equipo de inspectores de la misma Policía que se desplazó hasta Trujillo, la capital de la norteña región de La Libertad.
"Lamentamos la pérdida de vidas, cualquiera sea su origen. Nuestra misión es mantener y restablecer el orden público y proteger los derechos, la salud y la vida de las personas", manifestó la Policía Nacional en redes sociales.
Sin embargo, las investigaciones abiertas también en los anteriores episodios de manifestantes muertos todavía no han identificado a los responsables directos de las muertes, como es el caso de Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes murieron hace ya seis semanas por heridas mortales de perdigones de plomo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recordó que desde 2003 han muerto más de 160 personas en protestas sociales en Perú y exigió a Sagasti una "reforma policial ya".
Por su parte, Sagasti aseguró en un mensaje en redes sociales que su Gobierno deplora y rechaza lo ocurrido el miércoles en La Libertad.
También condenó "a quienes incitan a la violencia" y prometió sancionar "a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego".
El presidente interino, que estará en el cargo hasta las próximas elecciones de 2021, convocó este jueves una reunión del Consejo de Ministros de urgencia para abordar las demandas de las protestas de los trabajadores del sector agrícola y agroindustrial, descontentos con el nuevo régimen laboral agrario aprobado por el Congreso.
EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DESCONTENTOS
Este serie de protestas comenzó a inicios de mes tanto en el norte como en el sur del país y consiguieron que el Parlamento derogase la anterior ley agraria que consideraban "de explotación".
Sin embargo, el nuevo régimen laboral fue aprobado mientras se sucedían más protestas sin que finalmente contente ni a trabajadores, que quieren que el aumento salarial sea considerado también para el resto de beneficios laborales, ni a los empresarios, que critican que el Congreso fije sueldos mínimos.
El sector agroindustrial de Perú multiplicó sus ingresos en los últimos años de unos cientos de millones a cerca de 6.000 millones de dólares anuales gracias a productos de gran demanda internacional como arándanos, espárragos o alcachofas.
No obstante, los trabajadores de las grandes empresas dedicadas a la exportación de estos productos sienten que sus condiciones laborales y sueldos no han mejorado al mismo nivel durante ese periodo.
