El Ejecutivo peruano decretó la suspensión de ciertas libertades civiles en Andahuaylas ante el levantamiento en armas de militantes ultranacionalistas que exigen la dimisión de Toledo.
El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en el departamento de Apurímac, donde está Andahuaylas, y anunció que prepara una acción disuasiva contra la rebelión del ultranacionalista Movimiento Etnocacerista.
Esta declaración del estado de emergencia supone la suspensión de algunas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el arresto sólo por mandato judicial.
El presidente peruano, Alejandro Toledo, dijo que el consejo de ministros reunido el sábado en el palacio de gobierno había aprobado un decreto de urgencia por el cual se declaraba la emergencia en esa jurisdicción, ubicada 832 kilómetros al sureste de Lima.
A causa del ataque armado a la comisaría de Andahuaylas, resultaron cinco policías heridos, uno de ellos de gravedad, y dos civiles, presuntamente miembros del grupo agresor, en la misma condición, y otros diez policías mantenidos como rehenes.
El gobernante señaló que habían invertido varias horas en trabajar "los detalles de la situación" tras haber recibido los datos recogidos por los servicios de información de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sobre el ataque a la comisaría de Andahuaylas.
"Quiero decirles que estoy en el comando de este operativo que espero termine bien", recalcó Toledo en una conferencia de prensa ofrecida el sábado en la noche.
Toledo convocó el sábado a una reunión de emergencia del Consejo de Estado, integrado por representantes de los poderes del Estado peruano, para exponerles la situación creada por el ataque a la comisaría de Andahuaylas.
El presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, afirmó que el gobierno tiene los "suficientes elementos" policiales y militares para "una acción disuasiva de carácter definitivo" contra el grupo de 150 miembros del Movimiento Etnocacerista encabezados por el mayor retirado del Ejército Antauro Humala, que tomó la sede policial.
Ferrero señaló que la acción para tratar de terminar con la ocupación de la comisaría se debe llevar a cabo "en las próximas horas, quizás un mínimo de días".
El funcionario consideró que "se comete un delito" cuando se ataca una comisaría y se hiere a policías, y que ese delito "debe ser reprimido y eso es lo que va a hacer el gobierno", con prudencia "pero con firmeza".
Reiteró su apreciación de que el grupo Etnocacerista de Humala, que demanda la renuncia del presidente Toledo por considerar que está "incapacitado" para gobernar, está vinculado al narcotráfico" del cual, dijo, obtiene sus recursos.
El presidente del Congreso, Antero Flórez Aráoz, que participó en la reunión del Consejo de Estado, calificó la toma de la comisaría de Andahuaylas como "una acción delictiva", y consideró "subversivas" sus motivaciones porque "van más allá de lo que es un legítimo derecho de petición".
El titular del Tribunal Constitucional, Javier Alva, precisó que el delito perpetrado por los etnocaceristas está tipificado en el Código Penal y que se sanciona con una pena de diez a veinte años de prisión y, adicionalmente, hasta diez años de expatriación.
El movimiento liderado por Antauro Humala propugna la fundación de una "nueva república" fundamentada en ideas nacionalistas basadas en el legado cultural de los Incas y en la admiración por el héroe peruano de la guerra del Pacífico (1879-1883) y ex presidente de Perú Andrés Avelino Cáceres, y es partidario de la pena de muerte "para mejorar la sociedad peruana". (EFE)
