La medida busca garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y resguardar los puntos críticos.
Las organizaciones indígenas se manifiestan desde el 9 de abril pasado.
El Gobierno peruano autorizó este sábado la intervención de la Fuerzas Armadas en apoyo de la policía en algunos de los distritos de la Amazonia en donde grupos indígenas se encuentran levantados desde el pasado 9 de abril.
Según dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la participación de los militares busca "contribuir y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población".
Esto incluye vigilar el correcto funcionamiento de servicios como el agua, la energía eléctrica, aeropuertos y vías de acceso terrestre a las zonas afectadas.
El objetivo es que la Policía Nacional concentre su trabajo en el control del orden público y el trabajo con la población.
Los distritos en donde esta resolución tendrá efecto son los de Aramango, el Milagro, Bagua, Cenepa y Santa María del Nieva, en la región Amazonas.
Del mismo modo, en el distrito de Morales, de la región de San Martín; en los de Maynas y Atalaya, en el departamento de Ucayali; Echarate, región de Cuzco, y Andoas, en Loreto.
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| El presidente García legalizó la medida. |
La resolución, que fue refrendada por el presidente de Perú, Alan García, y los ministros de Defensa e Interior, Antero Flores-Aráoz y Mercedes Cabanillas respectivamente, tiene efecto hasta el próximo 14 de junio.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y otras organizaciones han protagonizado en las últimas semanas diversas acciones de bloqueo de carreteras, ríos y hasta de aeropuertos provinciales, así como de las operaciones de petroleras y de gas, que han requerido la intervención de la policía o de la Marina de Guerra.
El Gobierno se niega a dar a los indígenas poder de decisión en la concesión de licencias para explorar y explotar ambos combustibles, con el argumento de que el subsuelo es propiedad del Estado y de todos los peruanos, y no de las comunidades que allí viven.
