El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió este viernes al Gobierno británico que libere al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al tiempo que criticó severamente que se le mantenga en una prisión de alta seguridad que no corresponde a los delitos de los que es acusado.
Se trata del tercer pronunciamiento que realiza esta instancia de expertos independientes que trabajan bajo el paraguas de Naciones Unidas, a favor de la libertad del activista que hizo posible la filtración de cientos de miles de documentos clasificados de Estados Unidos.
Los dos primeros los emitió cuando se encontraba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, mientras que el de hoy se produce dos días después de que Assange fuese condenado a 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 (cuando acudió a refugiarse en la legación diplomática) las condiciones de su libertad condicional.
"El derecho a la libertad del señor Assange debe ser restablecido", dijo el Comité, tal como lo hiciese ya en 2015 y 2018.
En detalle, los expertos cuestionan "la desproporcionada sentencia" contra el informático australiano, ya que -explican en una declaración pública- en el Reino Unido la violación de la libertad condicional "es un delito menor" en este país y que requiere una pena máxima de doce meses de prisión.
Agregó que aunque Assange infringió en efecto la libertad condicional, de todos modos y en la práctica siguió detenido, aunque fuese en la embajada ecuatoriana, de donde no salía por temor a ser detenido a petición de las autoridades de Suecia, que lo acusaba de delitos sexuales.
La Justicia sueca levantó sin embargo los cargos en 2017, pero Assange siguió temiendo su detención, esta vez a cuenta de EEUU, que lo acusa de conspiración por las filtraciones que realizó a través de WikiLeaks.
Asimismo, el Grupo de Detenciones Arbitrarias criticó que Assange se encuentre en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, "como se fuese acusado de un delito grave", acusando que "este trato parece ser contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a los estándares de derechos humanos".
Las opiniones y recomendaciones de los grupos de trabajo de la ONU no son de obligado cumplimiento para los Estados, pero sí representan una guía jurídica y moral altamente respetada.
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