Ex asesor de Blair señaló que éste le excluyó de las deliberaciones sobre Irak
Peter Goldsmith lo reveló en una declaración escrita para la investigación del caso.
Aseguró que este dejó de consultarle cuando cuestionó la invasión a dicho país.
Peter Goldsmith lo reveló en una declaración escrita para la investigación del caso.
Aseguró que este dejó de consultarle cuando cuestionó la invasión a dicho país.
Peter Goldsmith, ex fiscal general británico durante el mandado del primer ministro Tony Blair, se vio excluido de deliberaciones importantes sobre la legalidad de la guerra de Irak.
Así lo ha señalado el propio Goldsmith, encargado de asesorar en su día al Gobierno laborista sobre los aspectos legales de una eventual invasión del país árabe, en una declaración escrita enviada a los responsables de la actual investigación sobre ese conflicto y de la que informa este martes la prensa británica.
Lord Goldsmith dice que Blair dejó de consultarle "activamente" después de que él advirtiera al primer ministro, cinco meses antes de la invasión junto a EEUU, de que una acción de ese tipo violaría el derecho internacional.
Goldsmith explica en su declaración que tanto Blair como el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, le marginaron de las deliberaciones.
"No se me pidió consejo. No se me involucró suficientemente en las deliberaciones sobre la resolución (de la ONU) ni en las medidas políticas que se mantenían a nivel ministerial", señala el ex asesor legal del Gobierno.
Anteriores documentos publicados por la llamada "Chilcot inquiry" (la investigación actual sobre Irak) después de que el propio Blair testificase por vez primera ante ella hace un año muestran que Goldsmith advirtió en su día de las consecuencias de invadir Irak sin el necesario permiso de la ONU el 30 de enero de 2003, víspera de su última reunión con el presidente de EEUU, George W Bush, antes de la guerra.
Goldsmith deja también claro en su nota que Blair no tenía razón cuando dijo al Parlamento británico el 15 de enero de 2003 que no hacía falta una nueva resolución de la ONU si algún gobierno aplicaba un "un veto no razonable" y que esa afirmación no se compatibilizaba con el consejo que él mismo había dado al entonces líder laborista.