Graciela Gatti, quien instruye un proceso contra el ex presidente Juan María Bordaberry, interrogará, entre otros, al actual jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Bonell.
La jueza que investiga al ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura citó a declarar a partir del 2 de octubre a militares y víctimas de la represión.
Entre los citados por la jueza Graciela Gatti están el ex comandante del Ejército teniente general Angel Bertolotti y el ex comandante de la Armada vicealmirante Tabaré Daners, así como el actual Jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Bonelli, informaron hoy medios de prensa.
Los tres son los firmantes del último informe militar sobre desaparecidos durante el régimen "de facto" (1973-1985).
Otro citado es el abogado Javier Miranda, hijo del notario Fernando Miranda, asesinado en 1974 y cuyos restos fueron hallados pocos meses atrás en una tumba clandestina del Batallón de Infantería 13, de Montevideo.
También testificarán el abogado Carlos Ramela, miembro de la Comisión de la Verdad creada durante la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), el periodista Roger Rodríguez y el coronel Gilberto Vázquez, encarcelado por delitos de asociación para delinquir y privación de libertad por la desaparición de un uruguayo en Argentina en 1976.
También pasarán por el séptimo Juzgado Penal de Montevideo Alicia Sabatel y Estela Reyes, las cuales sobrevivieron a la represión.
Bordaberry, que fue elegido en las urnas en 1971 y devino dictador en 1973, fue denunciado por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, quienes lo acusan de "atentado a la Constitución" y "coautoría de crímenes de lesa humanidad".
Según los abogados denunciantes, Bordaberry deberá ser juzgado como "reo de lesa nación" y procesado por la coautoría de múltiples privaciones de libertad, asociación para delinquir, revelación de secretos políticos y militares.
En la denuncia también se responsabiliza a Bordaberry de un desproporcionado aumento de la deuda externa del país, que de 500 millones pasó a 5.000 millones de dólares durante su mandato.
En Uruguay, la Ley de Caducidad que perdonó a los militares no alcanza a los civiles y a los hechos ocurridos fuera del país, como parte de la coordinación de actividades represivas entre regímenes dictatoriales conocida como Plan Cóndor. (EFE)
