"Soy enemigo del veto por una cuestión de principios", señaló el mandatario uruguayo.
El proyecto abre las puertas a juicios contra militares y policías responsables de violaciones a los DD.HH.
El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó que no vetará el proyecto de ley aprobado el martes por el Senado que inhabilitará la Ley de Caducidad, la cual impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura (1973-1985).
"No tengo que estar reiterando, lo dije cuando asumí al poco tiempo. Soy enemigo del veto por una cuestión de principios", afirmó el mandatario tras ser consultado al respecto por la televisión uruguaya.
La decisión del Senado uruguayo abrió las puertas a los juicios contra militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos y fue aprobada tras doce horas de intenso debate con 16 votos a favor, todos del oficialista Frente Amplio (FA), y 15 en contra.
Según el proyecto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que reconocer como protegidos por la Constitución todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Uruguay y declarar así inconstitucional la Ley de Caducidad de forma automática, haciéndola inaplicable.
Ratificación de la normativa
Como la norma sufrió modificaciones menores en el Senado deberá ser ratificada por la Cámara baja, que ya votó a favor en una ocasión anterior, pero para entrar en vigencia deberá ser promulgada también por Mujica.
"Yo fui parlamentario y el Parlamento puede tener muchos defectos, pero en alguna medida es la máxima representación y a mí me da la sensación de que es un exceso de poder del Ejecutivo vetar una decisión del Parlamento, le guste o no le guste", dijo Mujica en referencia a su decisión de acatar lo dictado por el Parlamento.
Durante el debate del martes, el único senador oficialista que votó en contra, Jorge Saravia, dijo que Mujica debería vetar esta propuesta como "republicano", ya que atenta contra la Constitución.
La invalidación de la Ley de Caducidad se produce pese a que en dos referendos convocados en 1989 y 2009 la ciudadanía votó a favor de mantenerla.
