Acusan que Socovesa construyó sus casas con un material más barato que el prometido.
Denunciantes cuestionaron que ex fiscal que vio su causa trabaje con defensa de la empresa.
Unos 250 vecinos y propietarios de viviendas del proyecto inmobiliario Hacienda Urbana Larapinta, en Lampa, se querellaron contra la empresa Socovesa, acusando haber sido estafados por la empresa en la construcción de sus casas.
El proyecto ofrecía una urbanización de baja densidad en un entorno con áreas verdes y recreación cerca de la autopista Vespucio Norte Express y el mall Plaza Norte, así como la construcción en material sólido, con losa de hormigón armado.
Pero al trasladarse a sus viviendas, los vecinos -que compraron sus casas en verde- notaron que estaban construidas con metal concret, material diferente al que les prometieron, nula aislación acústica y cero resistencia al fuego.
Según Miguel Terán, uno de los afectados, el sistema consta de "una malla de alambre con aislapol y hormigón, una losa mucho más liviana, más económica que los otros, y que no permite una aislación acústica" que se usa "en viviendas de menos costo, no te permite colgar lámparas" porque se rompe.
Ante esta denuncia, la empresa Socovesa no se ha pronunciado oficialmente, pero según las familias, les ofrecieron una indemnización cercana a 800 mil pesos pero el dinero no fue aceptado, porque el ahorro en el cambio de material "es de verdad del 30 por ciento del valor de la casa".
Además, los denunciantes acusaron que la causa judicial de su caso está detenida sin justificación, y que en su minuto fue vista por el fiscal de la zona Centro Norte, Iván Millán, quien dejó el cargo y ahora trabaja en la firma de abogados Balmaceda, Cox y Piña, que defiende a Socovesa en la causa.
La acusación fue desmentida por Millán, quien afirmó que "no tengo hoy día ni jamás conocimiento ni participación en esa causa" y que "no estoy participando ni siquiera en la tramitación" de la defensa de Socovesa.
En la Fiscalía Centro Norte aseguraron que la causa fue ingresada en Chacabuco y que quedó en manos del fiscal Mauricio Vergara, derivado a otra unidad, pasándole la causa a otro prosecutor que la tuvo hasta agosto, cuando volvió a manos de Vergara.
