La ex agente chilena Adriana Rivas, acusada por la desaparición de siete personas durante el régimen de Augusto Pinochet en la década de 1970, apeló en Australia al fallo judicial que autoriza su extradición a Chile.
La defensa de Rivas presentó el pasado viernes una apelación contra el fallo ante el Tribunal Federal australiano de Sídney, según constató Efe en el portal de la corte, aunque aún no hay fecha de inicio de este nuevo proceso que podría alargarse durante años.
Este martes, el Federal desestimó además por "consentimiento" de las partes otra petición anterior de Rivas para invalidar su juicio de extradición por fallos técnicos y contra su detención en Camberra.
Rivas, quien trabajaba desde hace 30 años como niñera y limpiando casas en Sídney, deberá pagar los costes legales, de acuerdo al fallo de la jueza Jane Abraham obtenido por Efe.
LA ÚNICA BATALLA LEGAL QUE PODRÍA TARDAR AÑOS
Con ello, la única batalla legal que debe librar Rivas es contra el fallo que dio luz verde a su extradición a Chile.
El pasado 29 de octubre, un juez de un tribunal de Sídney en el estado australiano de Nueva Gales del Sur dio luz verde a la solicitud de Chile para extraditar a Rivas, de 67 años y quien se encuentra recluida en una prisión de Sídney desde febrero de 2019.
Rivas está acusada de participar en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional, donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, el máximo represor de la dictadura de Pinochet.
A Rivas, quien defiende su inocencia, se le atribuye una presunta participación en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976.
También se le ha implicado en la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.
La apelación ante el Tribunal Superior de Australia podría prolongarse por años, tal y como sucedió con el ex paramilitar serbio Dragan Vasiljkovic, cuya extradición a Croacia por su implicación en las atrocidades durante la Guerra de los Balcanes se demoró casi una década.
