Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron al Gobierno chileno y a las autoridades políticas en su conjunto que realicen "todas gestiones necesarias" para evitar la libertad de Adriana Rivas, ex agente de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras, quien se encuentra detenida desde febrero Australia.
Rivas es requerida por su presunta participación los secuestros calificados Víctor Díaz, Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, ocurridos entre 1974 y 1977, razón por la que la Corte Suprema emitió una orden de extradición en 2014.
Se prevé que el próximo martes 2 de abril la justicia australiana resuelva la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Rivas, ante lo cual los familiares de las víctimas de ésta solicitaron a las autoridades a "realizar todas las gestiones que sean necesarias para evitar la libertad de la ex agente".
"Mantener su detención y posterior extradición repararía en parte no sólo el daño que el Estado infringió a las víctimas y a nosotros sus familiares en el período de la dictadura, sino también aquel infringido por no haber dado cumplimiento a los debidos controles policiales en el presente, lo que tuvo como consecuencia que la ex agente de la DINA escapara del país", manifestaron mediante una declaración pública.
"HOY SOLICITAMOS la acción decidida del Gobierno de Chile, de los diputados y senadores, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, frente a los tribunales australianos, para que se mantenga su detención preventiva mientras se tramita su extradición definitiva, para evitar la libertad de la ex agente de la DINA, previniendo una nueva fuga que impida o perjudique el cumplimiento del requerimiento de extradición formalizado por nuestro país a Australia", reiteraron.
En ese marco recordaron que "nuestros familiares fueron secuestrados hace 42 años en la que tuvo participación activa Adriana Rivas, quién fue parte de la Brigada Lautaro del cuartel Simón Bolívar, recinto de tortura y exterminio que operó bajo la dictadura".
"En dicho lugar y posterior a sus secuestros ocurridos a fines del año 1976, nuestros familiares fueron víctimas de torturas horrorosas y degradantes, con resultado de desaparición y muerte de todos ellos y sus cuerpos hechos desaparecer, recuperando solo en tres casos pequeños trozos de huesos que permitió su identificación", agregaron.
